Auditoría forense a la DNI indaga por presunto uso irregular de inteligencia durante gobierno Petro

Una auditoría forense ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, reveló presuntos hechos irregulares relacionados con el manejo de información reservada durante el gobierno de Gustavo Petro, según una publicación de la revista Semana.

De acuerdo con esa publicación, los auditores identificaron una estructura de contrainteligencia que habría operado con acceso a información considerada crítica entre 2022 y mediados de 2026, incluyendo datos relacionados con sectores de oposición, periodistas, funcionarios y la campaña presidencial.

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Uno de los aspectos que está bajo investigación corresponde a posibles extralimitaciones en el uso de información privada. Semana también reportó un presunto esquema mediante el cual se habrían generado falsas amenazas para facilitar la asignación de esquemas de seguridad y, posteriormente, obtener información sobre determinadas personas. Estos hechos deberán ser establecidos por las autoridades competentes.

En paralelo, Caracol Radio conoció un apartado de un informe que registra una reunión ocurrida en abril de este año en Medellín entre Javier Grajale, un asesor de la entonces senadora María José Pizarro y alias “Boyaco Sinaloa”, en el Centro Comercial El Tesoro, en la que se habrían buscado acercamientos relacionados con un eventual respaldo al entonces candidato presidencial Iván Cepeda.

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El mismo informe menciona otra reunión que, según ese documento, se habría desarrollado con Pastor Alape en una urbanización del sector de El Poblado, también en Medellín. El alcance y la naturaleza de estos encuentros deberán ser establecidos dentro de las investigaciones correspondientes.

Barbosa anuncia denuncia penal

Uno de los nombres mencionados en la información publicada por Semana es el del exfiscal general Francisco Barbosa, quien aseguró que durante el gobierno Petro habría sido víctima de seguimientos, escuchas y acciones de espionaje.

Barbosa señaló que, de confirmarse estos hechos, se trataría de una afectación a la independencia de la justicia y recordó que las interceptaciones de comunicaciones deben contar con autorización judicial.

“De confirmarse estas versiones, se estaría ante uno de los ataques más graves contra la independencia judicial en la historia reciente de Colombia”, señaló Barbosa.

El exfiscal anunció que el próximo 5 de octubre presentará una denuncia penal ante la Fiscalía contra quienes resulten responsables y solicitará a la UIAF y a la DNI la información que exista sobre las actuaciones relacionadas con su caso.

La auditoría puso a disposición de las autoridades, según Semana, cerca de 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo y cinco teléfonos celulares y tabletas, elementos que serán utilizados para establecer el alcance de las presuntas irregularidades.