Intento de incendio en el CTP de Tunja vuelve a poner en evidencia crisis carcelaria

Tunja

Un intento de incendio registrado en la noche de este sábado en el Centro Transitorio de Protección, CTP, de Tunja volvió a poner sobre la mesa las dificultades que enfrenta la capital boyacense para atender a las personas privadas de la libertad que permanecen temporalmente bajo custodia.

En el lugar se encontraban 12 personas privadas de la libertad cuando, según información conocida hasta el momento, se presentó el intento de incendio de una cobija. La Personería de Tunja inició la verificación de lo ocurrido para establecer las circunstancias del hecho y elaborar los respectivos informes.

El personero de Tunja, Nelson Andrés Villabona, aseguró que la situación es preocupante y que desde esa entidad se han realizado advertencias reiteradas sobre las condiciones del CTP y el riesgo de hacinamiento.

“Es muy preocupante lo que sucedió, pero lo más grave es que es un hecho que la Personería reiteradamente ha venido advirtiendo”, señaló.

El funcionario explicó que el Centro Transitorio de Protección fue concebido para albergar durante un periodo corto a las personas capturadas mientras las autoridades definen su situación jurídica. Sin embargo, la crisis carcelaria ha provocado que algunas permanezcan allí durante días, semanas e incluso meses.

“Cuando esa temporalidad se convierte en varios días, semanas o meses, se nos presentan situaciones como la que lamentablemente sucedió anoche”, afirmó.

Advierten por condiciones de los detenidos

Villabona cuestionó las condiciones de infraestructura del lugar y aseguró que el CTP no cuenta con las características de un establecimiento penitenciario para albergar personas durante periodos prolongados.

“No se tienen las condiciones de habitabilidad, no tienen un sitio adecuado donde dormir, no tienen un sitio adecuado para ir a un baño, no tienen la posibilidad de salir al sol, no tienen la posibilidad de recibir visitas y tampoco de tener un contacto confidencial con un abogado”, manifestó.

Según el personero, una de las celdas tiene aproximadamente tres por tres metros y existe otro espacio debajo de una escalera que, a su juicio, no debería ser utilizado para albergar personas.

“Albergar 10 o 12 personas en una celda de tres por tres metros, sin ninguna condición, ni siquiera de dónde sentarse o dónde dormir, obviamente puede generar muchísimas afectaciones como la que se presentó”, sostuvo.

El funcionario insistió en que es necesario adoptar medidas antes de que se registre una emergencia de mayores proporciones.

“Debe hacerse algo antes de que tengamos una tragedia”, advirtió.

Alcaldía e INPEC, en medio de la situación

La problemática también está relacionada con los traslados de las personas privadas de la libertad. Villabona explicó que, mientras la Alcaldía debe garantizar aspectos como la alimentación de quienes permanecen en el CTP, es el INPEC el encargado de recibir a las personas en los establecimientos penitenciarios cuando existe la orden y se cumplen los procedimientos correspondientes.

“Si el INPEC no los acepta, la Alcaldía no puede dejarlos en libertad y es cuando se nos genera el problema”, explicó.

El personero señaló que existen establecimientos penitenciarios en diferentes municipios del departamento, pero que los traslados dependen de las autorizaciones y cupos determinados por el INPEC.

Un nuevo centro de detención fue anunciado en junio

La situación se presenta pese a que el departamento ha anunciado alternativas para ampliar la infraestructura destinada a la detención transitoria.

El pasado 16 de junio, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció que el inmueble donde funcionó el Motel Mansión Real, ubicado en las afueras de Tunja, sería convertido en un Centro de Detención Transitoria de Boyacá.

Durante el anuncio, el mandatario aseguró que el espacio estaría destinado al cumplimiento de medidas de arresto relacionadas con casos de violencia intrafamiliar y violencia basada en género.

“Hoy recibimos oficialmente, de manos de la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, Amelia Pérez Parra, las llaves del inmueble que funcionó como el Motel Mansión Real de Tunja, y que desde hoy será el Centro de Detención Transitoria de Boyacá”, indicó.

El gobernador señaló además que el Ministerio de Justicia entregaría las instrucciones para adelantar las obras de adecuación del inmueble bajo las normas de seguridad correspondientes, mientras que la Alcaldía de Tunja acompañaría el proceso.

La transformación de este inmueble se plantea como una alternativa para atender parte de la problemática, especialmente frente a las medidas de arresto relacionadas con violencia intrafamiliar y violencia basada en género.

Tunja ya había enfrentado esta problemática en el Coliseo San Antonio

El uso de espacios no diseñados originalmente como cárceles para atender la crisis de detención en Tunja no es nuevo.

Durante la pandemia de COVID-19, el Coliseo San Antonio fue utilizado como lugar de reclusión para personas privadas de la libertad. En 2021, por decisión judicial, el escenario deportivo tuvo que dejar de funcionar como cárcel transitoria y recuperar su destinación deportiva.

El 14 de octubre de ese año, 29 personas privadas de la libertad fueron trasladadas a la cárcel de Mediana Seguridad de El Barne, lo que permitió avanzar en la recuperación del escenario deportivo.

Sin embargo, posteriormente el coliseo tuvo que ser sometido a obras de adecuación debido a los daños que sufrió durante el periodo en que fue utilizado para albergar personas privadas de la libertad.

Este antecedente vuelve a cobrar relevancia frente a la situación actual, pues evidencia las dificultades que ha tenido Tunja para disponer de espacios adecuados para atender la población privada de la libertad mientras se concretan los traslados a establecimientos penitenciarios.

Desde la Personería de Tunja se anunció que continuará el seguimiento a la situación del CTP y se insistirá ante las autoridades locales y nacionales en la necesidad de adoptar soluciones definitivas