Hasta último momento, defensa del expresidente Uribe busca suspender indagatoria

Hoy, 4 de septiembre de 2026, a las 9 de la mañana, el expresidente Álvaro Uribe debe comparecer al búnker de la Fiscalía para responder la indagatoria con la que quedará formalmente vinculado al proceso por las masacres de El Aro y la Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

La defensa del expresidente ha tenido dos líneas de acción: Una política y una jurídica.

En la parte política, Uribe y sus defensores lograron que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes reclamara la competencia sobre el caso.

Se basan en una teoría del abogado Jaime Granados según la cual los posibles hechos punibles –pese a no existir, según ellos– se habrían extendido hasta el período presidencial de Uribe, por lo cual deben ser conocidos por la comisión de la Cámara que procesa a los presidentes de la República.

La teoría, traída de los cabellos, contó con el inestimable apoyo de los cinco representantes a la Cámara del Pacto Histórico que respaldaron la proposición y que aún intentan justificar su respaldo al expresidente Uribe, respaldo que el expresidente Gustavo Petro, su jefe, sostiene que no se dio por orden suya. Ni es un acuerdo de impunidades recíprocas.

Eso en la parte política; en lo jurídico, el doctor Jaime Granados ha enviado dos comunicaciones a la Fiscalía. La primera, pidiendo que la diligencia se aplace hasta que la Corte Constitucional decida si es competente la Comisión de Acusación o la Fiscalía, lo cual puede tardar años porque no hay un término de ley para esa decisión.

Aunque es prácticamente seguro que la Corte Constitucional determinaría que la competente es la Fiscalía, es muy probable que la estrategia dilatoria terminaría llevando el caso al próximo fiscal general, que será nominado por el presidente Abelardo de la Espriella.

Una reedición de lo que sucedió con otro caso contra el expresidente Uribe en las manos del cómodo fiscal Francisco Barbosa, nominado por el entonces presidente Iván Duque.

La segunda carta del abogado Granados llegó a la Fiscalía en las últimas horas y está aquí.

Allí, a lo largo de seis páginas, el abogado Granados insiste en que el expresidente Uribe y su defensa necesitan más tiempo para evaluar la declaración de ayer del excabecilla paramilitar Salvatore Mancuso, pese a que la defensa participó en la diligencia y adicionalmente lo entrevistó en marzo de este año.

La carta está marcada como insistencia y posiblemente sea parte de una estrategia para entablar una acción de tutela con medida suspensiva que evite la celebración de la indagatoria citada para hoy.

Mancuso ha dicho en esas diligencias, en otras en la JEP y aquí, en una entrevista con El Reporte Coronell, que ellos, los paramilitares, recibieron instrucciones de la gobernación de Antioquia, en cabeza en ese momento de Álvaro Uribe, de ejecutar la masacre de 17 personas en El Aro.

Asegura que a él se lo dijo el entonces secretario de gobierno del gobernador Uribe, Pedro Juan Moreno Villa, y que la lista de los campesinos que debían ser asesinados le fue entregada por el general Alfonso Manosalva, entonces comandante de la Cuarta Brigada.

Recordemos la entrevista con Salvatore Mancuso:

Existe además trazabilidad de comunicaciones entre el secretario de gobierno Pedro Juan Moreno Villa y el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe durante los días en los que Moreno Villa se reunió con los paramilitares.

La defensa del expresidente Uribe consiste en que el testimonio de Mancuso podría llegar a probar la participación del secretario Moreno Villa en las masacres, pero no la de su jefe, el gobernador Uribe Vélez.

¿Si el tema es tan sencillo, ¿por qué Uribe y su defensa quieren aplazar la diligencia? Y sobre todo, ¿por qué quieren quitarle la investigación a la Fiscalía Delegada ante la Corte para ponerla en las manos de la Comisión de Acusación?

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