Decálogo de la ilegalidad y las mentiras del modelo de pasaportes

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó frenar de manera provisional el convenio entre Cancillería e Imprenta Nacional para expedición de pasaportes. Las razones son claras: nadie pudo acreditarle al juez dónde están las libretas, quién las fabrica ni en qué condiciones de seguridad, y con esa incertidumbre el país corre el riesgo de una “eventual paralización completa e intempestiva” en la expedición del documento.

La ilegalidad

1. Uso indebido de la figura de cooperación internacional. El convenio se justificó bajo la modalidad de contratación con organismos internacionales, pero la participación financiera de la Casa de la Moneda de Portugal sería de apenas el 21 % del valor total, por debajo del mínimo del 50 % exigido por la ley para utilizar este mecanismo.

2. Ausencia de un proceso competitivo de selección. Al haberse utilizado la figura de cooperación internacional, no se adelantó un proceso de selección abierto, lo que, según la demanda, habría afectado los principios de transparencia, libre concurrencia, igualdad y selección objetiva.

3. Falta de capacidad técnica y subcontratación total del objeto. La Imprenta Nacional no contaba con la capacidad técnica ni operativa para ejecutar directamente el objeto contractual, limitándose a recibir capacitación y realizar pagos, mientras la Casa da Moeda de Portugal habría asumido la ejecución integral, configurando una subcontratación total del objeto.

4. Ausencia de estudios y deficiencias en la documentación contractual. No existían estudios de mercado ni análisis sectoriales que respaldaran la estructuración del convenio y sus costos, ni una justificación suficiente de la necesidad contractual; el documento de “Justificación para la Selección del Cooperante Internacional” carecía de firmas y no cumplía las etapas del manual de contratación.

5. Irregularidades en la aprobación del convenio. La sesión de la Junta Directiva de la Imprenta Nacional que aprobó el convenio habría tenido citación extemporánea, ausencia de acta formal, sustitución de actas por grabaciones de audio y video, y exigencia de acuerdos de confidencialidad a sus miembros; además, faltaban actas y firmas previas a la suscripción.

6. Falta de autorizaciones presupuestales requeridas. Se proyectó el uso de vigencias futuras hasta 2036 por más de 1,3 billones de pesos sin la autorización previa del CONFIS ni la declaratoria de importancia estratégica mediante documento CONPES.

7. Participación de terceros sin autorización formal. La cláusula novena del convenio exige que cualquier delegación de la fabricación a un tercero sea informada y aprobada por la Imprenta Nacional y el Fondo Rotatorio; sin embargo, In Groupe (Francia) estaría fabricando cerca del 90 % de las libretas y la gerente reconoció que ese documento de autorización no existe.

Las mentiras

8. “Es producción soberana, hecha en Colombia”. Las máquinas presentadas por el Gobierno únicamente permiten la personalización de los documentos (foto, nombre y datos), pero no la fabricación de las libretas. De las 66.400 libretas recibidas, el 89 % habría llegado desde Francia y solo el 11 % desde Portugal, de modo que el país sigue dependiendo de proveedores externos para el documento base.

9. “Es un pasaporte más seguro y con avances que antes no existían”. Frente al anterior, el nuevo pierde funciones de seguridad: no admite imagen láser múltiple (MLI), pierde la impresión asimétrica, el relieve y el grabado láser en dos capas, y retrocede de una página de policarbonato puro a una estructura híbrida de papel laminado. La lectura electrónica, las firmas digitales certificadas, la infraestructura PKI y el cumplimiento de estándares OACI ya existían en el pasaporte anterior.

10. “El socio garantiza calidad y confianza”. El fabricante real, Surys (filial de In Groupe), fue sancionado en julio de 2025 por la fiscalía francesa por corrupción de agente público extranjero, desvío de fondos y lavado de activos en un esquema con pasaportes ucranianos (multa de 18 millones de euros). En paralelo, viajeros han reportado fallas en la lectura del chip, cuestionamientos sobre la autenticidad del documento e incluso retenciones migratorias en distintos países.

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