Campesinos de Palmor llegan a Bogotá para defender sus tierras ante proceso de restitución

Líderes campesinos de Palmor, Cherúa, Uranio y San Fernando, en Ciénaga, Magdalena, viajaron a Bogotá para solicitar respuestas a distintas entidades del Gobierno frente al proceso de restitución de derechos territoriales que se adelanta ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta.

La controversia está relacionada con una demanda promovida por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en favor de comunidades del pueblo Kogui, sobre un área de más de 6.148 hectáreas en la Sierra Nevada de Santa Marta. El expediente judicial reconoce la presencia de ocupantes no étnicos y contempla medidas cautelares sobre los predios involucrados.

Carlos Garzón, líder cafetero de Palmor y uno de los representantes que llegó a Bogotá, aseguró en diálogo con Caracol Radio que la preocupación de las comunidades está relacionada con la situación jurídica de sus predios y con las restricciones que, según afirmó, algunos propietarios han encontrado al intentar realizar operaciones sobre sus tierras.

“Cuando nos dimos cuenta en el banco que no podíamos hacer crédito por las medidas cautelares, empezaron a aparecer abogados a cobrarnos 10, 12, 15 millones por cada defensa”, aseguró Garzón.

Reclaman acompañamiento jurídico

El líder sostuvo que varias familias han tenido dificultades para asumir los costos de su defensa jurídica y señaló que actualmente cuentan con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.

Según Garzón, uno de los abogados estaría atendiendo un número elevado de familias y por eso durante la visita a Bogotá solicitaron que se fortalezca el acompañamiento jurídico.

“Nos vinimos hoy a la Defensoría del Pueblo en Bogotá para que nos asignen unos cuatro o cinco abogados más para que le ayuden al doctor que nos está representando”, explicó.

Los campesinos también entregaron derechos de petición y documentos a distintas entidades, entre ellas el Ministerio de Agricultura y la Defensoría del Pueblo, con el propósito de solicitar respuestas y revisión de las actuaciones relacionadas con el proceso.

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Contraloría revisa recursos de la restitución

Uno de los principales cuestionamientos de los campesinos está relacionado con los recursos destinados por la URT para atender el proceso.

En una respuesta oficial a un derecho de petición, la Contraloría General de la República confirmó que la actuación ya está siendo revisada dentro de una auditoría financiera y de regularidad a la Unidad de Restitución de Tierras.

Según la información suministrada por la URT a la Contraloría, entre 2023 y 2026 fueron suscritos 22 contratos de prestación de servicios profesionales, con componentes jurídicos, sociales, ambientales y catastrales, cuyo valor actual acumulado asciende a $975,8 millones.

Adicionalmente, la Contraloría reportó $125,4 millones destinados a la logística y operación de siete espacios de participación comunitaria relacionados con reuniones, caracterización y controversias interétnicas.

Sin embargo, el organismo de control aclaró que hasta ahora no ha establecido un daño patrimonial al Estado y precisó que no identificó transferencias directas de esos recursos al Cabildo Gobernador ni a las autoridades indígenas señaladas por los campesinos. La auditoría continúa en curso.

¿Qué temen los campesinos?

Garzón sostiene que las familias temen por la seguridad jurídica de sus propiedades y cuestiona que el proceso pueda terminar afectando predios que, según los campesinos, cuentan con títulos y tradición de varias décadas.

“Tenemos títulos de propiedad y muchos de ellos son títulos que se nos dio por parte del Estado antes de la Constitución de los resguardos indígenas”, afirmó.

La URT ha señalado que la demanda no solicita el desalojo de las familias campesinas o cafeteras de Palmor. La Contraloría también indicó, con base en la información entregada por la Unidad, que dentro de las pretensiones de la demanda no identificó una solicitud dirigida a ordenar el desalojo de estas familias.

El proceso judicial, eso sí, contempla medidas cautelares y el propio expediente identifica la presencia de ocupantes no étnicos dentro del territorio objeto de la solicitud de restitución.

Piden revisar el proceso

Los campesinos insisten en que el Estado debe garantizarles participación y defensa dentro del proceso y cuestionan que las decisiones sobre el territorio se adopten sin suficiente presencia institucional en las zonas rurales de Palmor.

“Los invitamos a que lleguen a Palmor, visiten las fincas y lleven proyectos. No anuncien proyectos dentro de 10 años cuando haya decisiones”, manifestó Garzón.

Los líderes también han presentado actuaciones ante organismos de control y otras entidades para pedir que se revisen las actuaciones de funcionarios de la URT, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura.

Uno de los asuntos cuestionados por los campesinos es el Acuerdo 274 de 2023 de la ANT. Sin embargo, la respuesta de la Contraloría precisa que dicho acuerdo corresponde a predios ubicados en Dibulla, La Guajira, y que, según la información suministrada por la URT, no existe relación jurídica, probatoria ni territorial entre ese acuerdo y el proceso que actualmente se tramita en Ciénaga.

Por ahora, no se han producido desalojos de las familias campesinas de Palmor y el proceso judicial continúa en manos del Juzgado Segundo de Restitución de Tierras de Santa Marta.

Los campesinos esperan respuestas de las entidades a las que acudieron en Bogotá y anuncian que mantendrán el seguimiento al expediente mientras buscan garantías para sus familias, sus cultivos de café y la defensa jurídica de sus predios.