Entre enero y julio asesinaron a 90 líderes sociales y se registraron 77 masacres con 300 muertos

Bogotá

Según cifras de la Defensoría del Pueblo entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año fueron asesinados en Colombia 90 líderes sociales y se registraron 77 masacres que dejaron 300 personas muertas.

Panorama de los líderes sociales

El panorama es complejo para las personas que defienden los derechos de las comunidades de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en nuestro país.

En siete meses de estos 2026 90 líderes fueron asesinados, aunque se presentan casos en 22 departamentos de Colombia los cinco donde más se reportan casos son: Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Arauca.

En ese mismo periodo cinco excombatientes de las Farc firmantes de paz y que adelantaban su proceso de reincorporación también fueron asesinados en el país.

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Masacres en Colombia

Entre enero y julio el país registró 77 masacres que dejaron 300 personas muertas en Colombia. Recordemos que se considera una masacre el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas que se encuentran en estado de indefensión, perpetrado por un mismo autor o grupo en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Estas 77 masacres se presentaron en 23 departamentos de Colombia y se concentraron en: Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Atlántico, Valle del Cauca y Cauca.

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Comparación con el año 2025

Según INDEPAZ en el mismo periodo entre enero y julio de 2025 se registraron en el país el asesinato de 121 líderes sociales. En este punto comparado con 2026 hay una pequeña disminución, pero la situación sigue siendo crítica para las personas que ejercen un liderazgo en las comunidades.

En cuanto a las masacres en los primeros siete meses de 2025 se registraron en Colombia 40 masacres con 130 víctimas. Aquí hay un aumento entre enero y julio de 2026 porque se presentaron 37 masacres más con 170 víctimas.

Para la Defensoría del Pueblo el llamado al Gobierno Nacional es a tomar medidas efectivas que blinden a las personas líderes sociales y a sus comunidades y garantizar los derechos colectivas de quienes son la voz en los territorios que viven en medio de la presión social y territorial de los grupos armados ilegales que se disputan puntos clave del país para mover sus economías ilícitas.