Pacto Histórico denuncia cierre del Congreso y exige garantías para ejercer la oposición
La bancada aseguró que impedir el acceso al Capitolio y negar un acto político vulnera los derechos de la oposición y anunció acciones judiciales.

Pacto Histórico. Foto: Colprensa. / Cristian Bayona

La bancada del Pacto Histórico denunció este miércoles que las mesas directivas del Congreso de la República impidieron el funcionamiento normal de la sede principal del Capitolio para este 7 de agosto y no autorizaron la realización de un acto convocado por la colectividad para presentar una declaración política como oposición.
A través de un comunicado, la bancada sostuvo que el traslado de la ceremonia de posesión presidencial a otro lugar “no puede significar, en ningún caso, el cierre de la sede principal del Congreso de la República ni la suspensión de sus actividades constitucionales”.
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Además, afirmó que la decisión afecta las garantías democráticas y el ejercicio de la oposición. “Negar o dilatar injustificadamente la realización de este acto constituye una grave vulneración de las garantías constitucionales de la oposición, del pluralismo político y del derecho de millones de colombianas y colombianos a ser representados y escuchados”, señaló el documento.
La colectividad exigió a las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Representantes habilitar el funcionamiento del Capitolio y autorizar de manera inmediata el evento programado, en cumplimiento de la Constitución, la Ley 5 de 1992 y el Estatuto de la Oposición.
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El Pacto Histórico también rechazó cualquier hecho de violencia o provocación alrededor de la convocatoria y aseguró que “nuestro evento será estrictamente pacífico, democrático e institucional, en defensa de la vida, la democracia, la soberanía, la Constitución y el Estado social y democrático de derecho”.
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Finalmente, advirtió que, si se mantienen las restricciones, acudirá a las instancias constitucionales, legales y judiciales competentes para solicitar la protección de los derechos de la oposición y denunciar cualquier vulneración de las garantías democráticas.




