Harman defiende convenio de tierras con SAE tras ser denunciado; abogado dice que es “expropiación”

Germán Calderón España, designado director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, radicó denuncias penales por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En la denuncia menciona un convenio de tierras de $500.000 millones con la Sociedad de Activos Especiales, señalando un desembolso del 80% con una ejecución del 0%.

Al respecto, Felipe Harman, director de esta entidad, aseveró que, contrario a incurrir en delitos, “el convenio con la SAE es de las actuaciones administrativas de las que nos sentimos más orgullosos”.

“Jamás se habían comprado bienes de la mafia para entregárselos a campesinos y campesinas sin tierra. Lo que pasa es que el título fundamentalmente tiene que ver con la transferencia jurídica del predio a predio, y el convenio es un negocio sombrilla de 500 mil millones de pesos, que asegura que los recursos pagados, fundamentalmente en cumplimiento de sus obligaciones, sean el respaldo jurídico a cualquier decisión judicial”, explicó el director.

¿Qué pasa si reaparece la persona a la que le quitaron el bien?

Al respecto, Harman afirmó que “si mañana aparece que el señor al que le quitaron un bien, la justicia se lo devuelve, le tiene que devolver la plata representativa del bien, y no el bien, porque el bien ya lo tienen ocupado campesinos y campesinas”.

En este mismo sentido alertó que ese contrato ya fue auditado por la Contraloría; fue un hallazgo administrativo.

“¿Qué decía el hallazgo administrativo? Aceleren la transferencia jurídica del bien, pero ha sido la misma Contraloría, no ha puesto sin duda que ningún recurso público está en riesgo y que, por el contrario, nos hemos sometido a las reglas específicas del convenio, que además está en ejecución”, apuntó.

Asimismo, argumentó que “no se pueden medir simplemente los temas de escrituración. La ejecución se tiene que medir fundamentalmente en las aprehensiones”.

Por su parte, el abogado Franco Salazar señaló que lo que se está dando es una “expropiación disfrazada”.

Explicó que los procesos de quienes aseguran que su predio no fue adquirido de forma ilegal, pero la SAE realizó extinción de dominio, pueden durar 12 o 13 años.

“Toca empezar a pelear a que le devuelva su bien, que en muchos casos, ese bien ya está deteriorado, mal usado o que definitivamente, pues, ya no le sirve para los fines que usted lo tenía”, argumentó.

En este sentido, explicó que, por supuesto, está de acuerdo con quitarle los bienes a los narcotraficantes, por así decirlo de alguna manera, “pero lo que menos está persiguiendo en estos momentos es el narcotráfico”.

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