Pizarro defiende desobediencia de Cepeda: “Nadie incendiará el país”; Briceño dice que es peligrosa

Luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara que el próximo 7 de agosto expedirá un decreto para poner en marcha un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana con el fin de enfrentar delitos como la extorsión, el hurto y el homicidio, se generaron opiniones divididas entre mandatarios locales y sectores de la oposición.

Frente a este tema, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, y el representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, debatieron en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio.

Pizarro aseguró que, antes de respaldar la iniciativa, el Gobierno entrante debe explicar cómo funcionará: “Hay una ausencia total de información. Hay un post en X donde se afirma que el 7 de agosto se firmará un decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana y no se explica realmente nada más”.

Además, cuestionó que varios alcaldes hayan celebrado el anuncio sin conocer aspectos fundamentales de la propuesta: “¿Cuál sería la conformación exacta? ¿Qué entidades lo integran? ¿Qué cuerpos de la fuerza pública harían parte? ¿De dónde se va a sacar el presupuesto? ¿Cuánto le va a costar esto a los colombianos? ¿Cuál es el alcance legal de esta propuesta?”.

La congresista también afirmó que existen antecedentes en Colombia que obligan a analizar con cuidado cualquier iniciativa relacionada con estructuras de seguridad.

“Hay unos antecedentes muy graves en el país a los cuales no podemos regresar porque sus consecuencias fueron trágicas en materia del derecho a la vida, el derecho a la paz y el respeto a los derechos humanos”, dijo.

Por su parte, Briceño coincidió en que todavía no se conocen los detalles del proyecto, aunque defendió el mensaje político que, según él, representa el anuncio.

“Lo que dice el presidente De la Espriella es que habrá un Bloque de Defensa de Seguridad Urbana. Algunos alcaldes lo celebran porque durante cuatro años lo único que recibieron del Gobierno del presidente Gustavo Petro fue desprecio”, mencionó.

El representante electo sostuvo que la propuesta enviaría una señal de mayor coordinación entre el Gobierno nacional y las administraciones locales para enfrentar la inseguridad: “El mensaje correcto aquí es que el delincuente debe ser combatido en unión entre alcaldes, gobernadores y Presidencia”.

Asimismo, rechazó que la iniciativa sea comparada con las antiguas Convivir, cooperativas de seguridad privada creadas en 1994 para apoyar al Ejército colombiano. Pero que, aunque buscaban proteger a los ciudadanos, fueron controladas por paramilitares, convirtiéndose en grupos ilegales.

“Ni siquiera el presidente De la Espriella está diciendo que aquí va a haber una articulación con agentes privados. Lo que está diciendo es que va a haber un bloque para coordinar acciones en contra de delincuentes entre alcaldes y gobernadores”.

Postura de Iván Cepeda frente al presidente electo

De igual manera, Pizarro se refirió al cambio de postura del senador Iván Cepeda frente al presidente electo Abelardo de la Espriella.

La senadora aseguró que el dirigente de la oposición ha reconocido los resultados electorales, pero insistió en que el nuevo mandatario debe ofrecer garantías a quienes no votaron por él.

“Debe entregar claridades no solamente a quienes lo eligieron, sino también a esa otra mitad del país que tiene dudas y preocupaciones profundamente grandes”, dijo.

Además, defendió el llamado de Cepeda a la desobediencia civil pacífica: “Aquí nadie va a incendiar el país, aquí nadie va a extralimitarse en el marco de lo que establece la Constitución Política”.

Por su parte, Briceño afirmó que el discurso del Pacto Histórico pone en riesgo la legitimidad del nuevo gobierno.

“Abelardo de la Espriella es presidente electo y aquí lo que le quieren vender a la gente es un discurso para llevarlo a la violencia”, aseguró.

Contratos del Ministerio de la Igualdad

Briceño denunció que el Ministerio de la Igualdad, actualmente en proceso de liquidación, mantiene abiertos procesos contractuales por cerca de $469.000 millones.

“Aquí hay $469 mil millones de pesos que en estos momentos se están andando (...) Lo que estamos pidiendo es que se paren los contratos del Ministerio de la Igualdad”, mencionó.

El representante electo aseguró que, en los últimos meses, ya se habrían adjudicado recursos mientras avanza la liquidación de esa cartera: “Si estamos liquidando, yo no sé por qué vamos a entregar plata”.

No obstante, Pizarro respondió que no conoce esos procesos contractuales y afirmó que, de confirmarse, las autoridades deberán revisarlos.

“Sería terrible (...) tienen que aclararlo porque estamos en un proceso de liquidación”, concluyó.

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