Gobernación de Boyacá y Ministerio de Justicia revisan medidas para fortalecer seguridad y atención
La creación de un centro de detención transitoria, la instalación de inhibidores de señal en cárceles y la puesta en marcha de una Casa de Justicia Familiar fueron algunos de los temas abordados durante una reunión entre autoridades nacionales y departamentales.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, la alcaldesa de Tunja, María Paula Jiménez, representantes del INPEC, la Defensoría del Pueblo y autoridades municipales para revisar estrategias relacionadas con la seguridad, la justicia y la protección de las familias en el departamento. Durante el encuentro se analizaron diferentes iniciativas orientadas a fortalecer la respuesta institucional frente a problemáticas que afectan a los municipios boyacenses.
Uno de los principales temas abordados fue la posibilidad de adecuar un inmueble entregado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la Gobernación de Boyacá para convertirlo en un centro de detención transitoria.
Según lo planteado en la reunión, este espacio permitiría cumplir medidas de arresto relacionadas con casos de violencia intrafamiliar y violencia basada en género, situaciones que actualmente representan un reto para las autoridades encargadas de hacer efectivas las decisiones judiciales.
Durante la jornada también se solicitó el apoyo del Ministerio de Justicia para mejorar la movilidad de los establecimientos penitenciarios del departamento y se discutió la instalación de inhibidores de señal en centros carcelarios. La propuesta contempla iniciar este proceso en el establecimiento penitenciario de máxima seguridad de Cómbita, con el objetivo de reducir delitos como las extorsiones que, según las autoridades, continúan siendo coordinadas desde algunos centros de reclusión del país.
Otro de los puntos analizados fue la puesta en funcionamiento de la futura Casa de Justicia Familiar de Boyacá, una iniciativa que comenzaría a operar en Tunja y que busca articular servicios de atención con entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Integración Social del departamento.
La propuesta pretende concentrar la oferta institucional para atender conflictos familiares y brindar acompañamiento a víctimas, facilitando el acceso a la justicia y a mecanismos de protección en un mismo espacio.
