¿Quién dio la orden? Víctor Mosquera pide juicio para alias ‘El Costeño’ por caso Miguel Uribe
El abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay se opuso al preacuerdo con alias ‘El Costeño’ y pidió una condena más severa para quien considera una pieza clave en la planeación del atentado.
Al cumplirse un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay, el 07 de junio de 2025, Bogotá fue el epicentro de dos homenajes en el que simpatizantes, familia y amigos del senador recordaron su vida, su trayectoria y su amor por el país.
Al finalizar la conmemoración en el Centro Comercial El Castillo, el abogado de su familia, Víctor Mosquera, aseguró para los micrófonos de Caracol Radio que la investigación ha avanzado significativamente con la identificación de varios responsables y órdenes de captura contra presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia.
Sin embargo, insistió en que la principal deuda sigue siendo establecer quién ordenó el crimen y si hubo fallas del Estado en la protección del entonces senador y precandidato presidencial.
Cabe recordar que Miguel Uribe fue atacado a tiros durante un evento político en el barrio Modelia, en el occidente de la capital, en el que un hombre armado lo atacó dejándole tres heridas de bala en su cuerpo mientras participaba de un evento político.
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El dirigente político se encontraba en plena carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026 y era una de las figuras más visibles de la oposición del gobierno de Gustavo Petro. Tras el atentado permaneció 64 días hospitalizado luchando por su vida, hasta que falleció el 11 de agosto de 2025.
Un año después, la familia considera que se ha avanzado en la identificación de quienes participaron directamente en la planeación y ejecución del ataque, pero sostiene que aún falta esclarecer quién tomó la decisión de ordenar el crimen.
“Fue un hecho trágico para el país. Colombia se conmovió y hoy seguimos esperando respuestas. Hemos trabajado de manera conjunta con la Fiscalía para llegar a los responsables materiales y a quienes determinaron este crimen”, afirmó Mosquera.
¿Qué ha pasado con la investigación?
Mosquera destacó para Caracol Radio que actualmente existen órdenes de captura y circulares rojas internacionales contra personas vinculadas a la Segunda Marquetalia, organización armada ilegal que ha sido señalada dentro de las investigaciones como una de las estructuras detrás del magnicidio.
El pasado viernes 5 de junio, la Fiscalía General de la Nación dio una información oficial en la que solicitó ante un juez de control de garantías que sean declarados como personas ausentes varios integrantes.
Dentro de los señalados están “Iván Márquez”, alias “John 40”, alias “Rusbel”, alias “Enrique Marulanda”, alias “Gonzalo”, alias “Yako” y alias “Zarco Aldinever”. Y permite que la entidad avance en el proceso de imputación, así los procesados no estén presentes.
Para la familia, este es uno de los avances más importantes del proceso, sin embargo, insiste en que el trabajo investigativo no puede detenerse allí.
“Lo que esperamos es que antes de otro año podamos llegar a los determinadores, a los instigadores y a quienes dieron la orden”, señaló Mosquera.
La familia sostiene que el caso solo estará completamente esclarecido cuando se conozca quiénes planearon el asesinato, cuáles fueron sus motivaciones y cómo se articuló toda la estructura que participó en el ataque.
La polémica por alias ‘El Costeño’
Uno de los temas que más preocupa a la familia tiene que ver con la situación judicial de Helder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, considerado por los investigadores como una de las piezas clave en la organización del atentado.
La Fiscalía presentó un preacuerdo con este procesado que podría reducir considerablemente la condena que recibiría. Sin embargo, la familia de Miguel Uribe anunció que se opondrá a esa decisión.
Según Mosquera, el próximo 17 de junio presentará sus argumentos ante un juez para evitar que el acuerdo sea avalado.
La razón principal es que consideran que la pena propuesta no guarda proporción con la gravedad de los hechos.
“Estamos reclamando que alias ‘El Costeño’ sea llevado a juicio y no a un preacuerdo. Queremos que responda por sus crímenes con una condena entre 55 y 60 años y no con una pena cercana a los 26 años”, explicó.
Para el abogado, la evidencia recopilada durante la investigación demuestra que Arteaga Hernández tuvo un papel determinante en la ejecución del plan criminal.
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“Tenemos más de 175 elementos materiales probatorios que muestran que tuvo varias oportunidades para detenerse y no cometer este crimen, pero decidió seguir adelante”, afirmó.
¿Por qué la familia se opone al acuerdo?
Mosquera explicó que la oposición al preacuerdo no se basa únicamente en el monto de la pena.
Según dijo, la familia considera que alias ‘El Costeño’ no ha entregado información nueva que permita avanzar en el esclarecimiento del caso ni identificar a los responsables intelectuales.
“Alias ‘El Costeño’ no aporta verdad. No está entregando hechos nuevos ni contribuyendo al esclarecimiento de lo ocurrido”, aseguró el abogado.
En contraste, destacó el caso de alias ‘El Viejo’, otro de los procesados que sí colaboró con las autoridades.
De acuerdo con el abogado, la información suministrada por este hombre permitió abrir nuevas líneas de investigación y fortalecer las pruebas que apuntan hacia la participación de estructuras de la Segunda Marquetalia.
Por esa razón, la familia respaldó los beneficios judiciales otorgados en ese caso. “Alias ‘El Viejo’ sí colaboró eficazmente con el esclarecimiento de los hechos. Gracias a esa colaboración se ha podido seguir avanzando en la investigación”, explicó.
Las preguntas sobre la protección de Miguel Uribe
Además de identificar a los responsables directos del crimen, la familia busca establecer si hubo fallas institucionales que facilitaron el atentado.
Uno de los puntos centrales tiene que ver con el esquema de seguridad que tenía Miguel Uribe antes del ataque.
Mosquera aseguró que el entonces senador había solicitado en varias oportunidades un refuerzo de las medidas de protección debido a su condición de precandidato presidencial y una de las figuras más visibles de la oposición política en Colombia.
Según explicó, la protección asignada no correspondía al nivel de riesgo que enfrentaba.
“El día del atentado no tenía la capacidad de protección necesaria para repeler un ataque de esa magnitud”, afirmó.
El abogado cuestionó especialmente las decisiones tomadas dentro de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de evaluar y asignar los esquemas de seguridad.
Aseguró que una de las preocupaciones de la familia es determinar por qué no se autorizó un esquema más robusto, que incluyera más personal de protección, vehículos de apoyo y medidas adicionales para él y su familia.
El atentado contra Miguel Uribe generó conmoción nacional no solo por la gravedad del hecho, sino por el momento político en el que ocurrió.
El senador era una de las principales figuras del Centro Democrático y su asesinato reabrió el debate sobre la violencia política en Colombia y recordó los años en los que varios candidatos presidenciales fueron víctimas de ataques armados.
Para la familia, esclarecer completamente lo ocurrido no es solo una cuestión de justicia personal, también consideran que el caso debe convertirse en un precedente para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir contra dirigentes políticos en el país.
