Fiscalía y Corte Suprema piden al ELN que libere a funcionarios de la Fiscalía y de la Policía

En un comunicado conjunto, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia pidieron la libertad inmediata de los funcionarios del ente acusador y de la Policía Nacional que permanecen secuestrados por el ELN.

Se trata de los funcionarios de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y de los integrantes de la Policía Nacional Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza.

“Los servidores judiciales y los agentes de la Policía Nacional, secuestrados por el denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca el año pasado, deben ser liberados sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización ilegal armada”, señalaron en el comunicado.

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Igualmente, pidieron que se les respete la vida y se garantice su integridad.

“La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación reiteran el llamado al respeto por la vida y la libertad de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y de los integrantes de la Policía Nacional, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, al tiempo que agradecen a las personas, organizaciones y autoridades que mantienen activos los canales humanitarios para lograr su liberación sin condicionamientos”.

También expresaron que el secuestro deja una huella imborrable de violencia en los territorios, así como en las víctimas y sus familias.

“El uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia. La experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país”, afirmaron.

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía recordaron que los únicos que pueden impartir justicia son los jueces, esto luego de que el grupo armado hubiese anunciado un “juicio revolucionario” contra las víctimas.

“Colombia es un Estado social de derecho que se rige por la Constitución de 1991, cuyo mandato establece que son los jueces, las instituciones que integran la Rama Judicial y los organismos del Estado los encargados de administrar justicia. El respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio básico del Estado social de derecho”, expresaron en el comunicado.

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