“Es inaceptable minimizar los ataques”: Defensoría alerta por grave crisis de orden público en Cauca
La entidad advirtió sobre el deterioro de la seguridad tras la cadena de atentados en el departamento y pidió una respuesta integral del Estado ante el riesgo de crisis humanitaria.


Popayán, Cauca
La defensora del Pueblo, Iris Marín, llegó al departamento del Cauca ante la grave situación de orden público que enfrenta la región y lanzó una fuerte alerta por la escalada de atentados que han afectado a comunidades y a la población civil.
La funcionaria sostuvo una reunión con alcaldes, personerías, organizaciones sociales, organismos humanitarios y comunidades, entre ellas la de La Pedregosa, una de las más afectadas por ataques con explosivos en los últimos días.
Marín aseguró que en el territorio se vive un ambiente de temor, frustración y agobio, y reiteró el llamado a los grupos armados ilegales para que cesen de inmediato las agresiones contra la población civil.
“Hay un clamor muy grande de las comunidades para que se suspendan estas agresiones y se respete a la población civil. Lo que está ocurriendo en el Cauca no puede continuar”, afirmó la defensora.
La funcionaria también cuestionó que los grupos armados intenten minimizar los ataques y presentarlos como errores, señalando que este tipo de pronunciamientos son inaceptables frente a la gravedad de los hechos.
“Es inaceptable que se diga que estos hechos son errores. Aquí hay un daño profundo a las comunidades, se está negando el dolor de las víctimas”, enfatizó.
Más información
La Defensora del Pueblo advirtió que la respuesta del Estado no puede limitarse únicamente a acciones militares y pidió al Gobierno Nacional una estrategia integral que incluya atención humanitaria, reparación a víctimas, prevención del reclutamiento forzado y alternativas de desarrollo en los territorios.
“La respuesta militar es necesaria, pero no suficiente para resolver los problemas de fondo”, explicó.
Finalmente, la entidad hizo un llamado urgente a una acción coordinada entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y las comunidades, para evitar una crisis humanitaria en el suroccidente del país, en medio de un contexto de violencia que sigue afectando a la población civil.




