Reciente intervención a la Nueva EPS fue ilegal, revelan superintendentes delegados del sector
El interventor designado no cumpliría los requisitos para el cargo. Y la entidad, por mandato de la ley, debería estar hoy en manos de sus dueños.
Reciente intervención a la Nueva EPS fue ilegal, revelan superintendentes delegados del sector
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Una bomba institucional acaba de estallar en el corazón del sistema de salud colombiano. La nueva intervención a la Nueva EPS habría sido ilegal, según documentos y hechos conocidos por 6AM W de Caracol en las últimas horas y que podrían dejar sin piso las acciones tomadas por el Gobierno en los últimos días ante la EPS con mayor número de afiliados en Colombia. Se habrían saltado los controles internos obligatorios. Se habría tergiversado lo ocurrido en el Comité de Medidas Especiales para justificarla.
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El interventor designado no cumpliría los requisitos para el cargo. Y la entidad, por mandato de la ley, debería estar hoy en manos de sus dueños. Todo esto lo denuncia formalmente la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud ante la Procuraduría General de la Nación, respaldada por 6 funcionarios del más alto nivel de la Superintendencia.
Se saltaron los controles
Según el documento radicado ante la Procuraduría este 14 de abril, acompañado con pruebas, la superintendente nacional de Salud ad hoc, Luz María Múnera, habría tomado la decisión de intervenir la Nueva EPS sin cumplir ninguno de los pasos que su propia institución y la ley define para ello.
- Primero: no habría contado con el informe previo de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud, instancia técnica obligatoria antes de cualquier medida especial.
- Segundo: no solicitó el concepto técnico de adopción y seguimiento a la medida, que debe generarse antes de tomar este tipo de decisiones.
- Tercero: no incluyó información complementaria como lo exigen los procedimientos internos de la Superintendencia.
- Cuarto: presentó una resolución que, según la Delegada para Entidades de Aseguramiento, contiene inconsistencias relacionadas con el debido proceso y afirmaciones sobre recomendaciones que nunca fueron dadas.
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En pocas palabras: se habría ignorado, de manera sistemática, el mapa de procesos de la entidad, violando la ley.
La suplantación del Comité
Pero habría algo aún más grave. La resolución con la que se decretó la intervención afirma en su parte motiva que el Comité de Medidas Especiales recomendó ordenar la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios de la Nueva EPS.
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Según la denuncia, eso no habría sido así. En esa sesión del 10 de abril habría ocurrido exactamente lo contrario: los miembros del Comité habrían deliberado y, por unanimidad, recomendado NO adoptar una nueva medida de intervención forzosa. La delegada habría explicado incluso en esa misma sesión por qué el proyecto de resolución presentado vulneraba el debido proceso.
A pesar de ello, la superintendente Múnera expidió la resolución, consignando en ella una versión de los hechos que no corresponde con lo que realmente ocurrió en la reunión.
Nueva EPS debería estar en manos de sus dueños
Hay además un problema de fondo que haría todavía más cuestionable esta nueva intervención. La medida anterior venció el 3 de abril de 2026. La Superintendencia había solicitado al Ministerio de Salud y Protección Social, desde el 5 de marzo, la autorización para una prórroga ejecutiva de un año más.
El Ministerio nunca respondió. Tenía hasta el 6 de abril para hacerlo. No lo hizo.
En consecuencia, desde el 7 de abril de 2026, la Nueva EPS habría quedado jurídicamente sin medida de intervención. Lo que corresponde, conforme al debido proceso y las normas vigentes, es devolver la administración de la entidad a sus accionistas.
El interventor designado no cumple los requisitos
Para rematar, el doctor Jorge Iván Ospina Gómez, designado como agente especial interventor, tampoco cumpliría con los requisitos exigidos por la normativa para asumir ese cargo.
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La evaluación técnica realizada por la propia Delegatura, y enviada a la superintendente Luz María Múnera antes de la sesión del 10 de abril, habría sido clara: Ospina Gómez no acredita la experiencia mínima de tres años en el nivel directivo o asesor de entidades del sector salud. Tampoco cumpliría con los dos años de experiencia adicional en actividades de asesoría o dirección en el sector. Y en la consulta de listas vinculantes y restrictivas habría obtenido una calificación de riesgo alto, con 32 puntos.
Cuenta con título universitario de médico cirujano. Pero eso, según el manual de funciones, no es suficiente para el perfil exigido.
El dramático saldo de dos años de intervención
Pero el documento no sólo revela los hechos que giran en torno a una nueva intervención a la Nueva EPS plagada de irregularidades, sino permite conocer el verdadero diagnóstico de los dos años de intervención del gobierno Petro a esa entidad. El panorama es devastador: después de dos años de intervención, la Nueva EPS no solo no ha mejorado, sino que en varios indicadores clave ha empeorado su desempeño.
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Las quejas e inconformidades habrían crecido a una tasa anual del 14,25 por ciento, con 33,97 reclamaciones por cada 10.000 afiliados al mes, es decir, muy por encima del promedio nacional. El rezago en procesamiento de cuentas médicas, que al inicio de la intervención era de 5,7 billones de pesos, ha escalado a 14,9 billones a diciembre de 2025, equivalente a más de 14,2 millones de facturas sin procesar. Los anticipos girados por falta de procesamiento habrían crecido un 115 por ciento, hasta alcanzar los 17,1 billones de pesos a noviembre de 2025. Y las cuentas por pagar a la red prestadora habrían pasado de 18,38 billones en diciembre de 2024 a 26,09 billones en noviembre de 2025, un aumento del 24 por ciento.
Además, persisten las fallas en la entrega de medicamentos, en especialidades como oftalmología, ortopedia y urología, en coberturas de vacunación y en atención materno-infantil. La intervención no cumplió su propósito.
La soledad de Luz María Múnera
La carta de denuncia que llegó a la Procuraduría está firmada por una superintendente delegada, el director de Medidas Especiales, la directora de Inspección y Vigilancia, y cuatro coordinadores de los grupos jurídico, técnico-científico, financiero y de despacho de la Superintendencia Nacional de Salud. Siete funcionarios del más alto nivel, con nombre propio y firma que respaldan cada palabra de la denuncia.
La resolución que ordenó la nueva intervención a la Nueva EPS, en cambio, fue proyectada, revisada y aprobada por una sola persona: Luz María Múnera. Nadie del equipo técnico la acompañó. Nadie avaló su intervención al considerarla ilegal.
Siete funcionarios con nombre y firma denuncian presuntas irregularidades. Una sola firma las habría cometido. La Procuraduría tiene ahora la palabra. A continuación la carta completa recibida en la Procuraduría.
Juan Pablo Calvás
Director adjunto y corresponsal internacional senior de W Radio. Editor general en W Radio por 10 años....
