Gobierno Nacional suspende diálogos con mineros hasta que cesen bloqueos y disturbios en Bajo Cauca
En los once días del paro minero, se han registrado ataques a misiones médicas, saqueos a establecimientos comerciales y enfrentamientos con la fuerza pública.
Dos camiones fueron quemados en medio del paro minero en Caucasia.
Bajo Cauca, Antioquia
La mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y los mineros programada para este jueves 26 de marzo fue suspendida ante los disturbios del paro que ya completa once días.
El general (r), Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, señaló que la decisión fue comunicada tras una reunión virtual liderada por el viceministro de Minas y Energía, en la que se acogió la solicitud de la Gobernación de Antioquia.
“Tiene que quedar muy claro que hasta que no cesen los bloqueos, hasta que no cesen los ataques a la fuerza pública y a la población civil, hasta que no cesen los saqueos, hasta que no cesen los actos de terrorismo, la mesa de negociación del Gobierno Nacional no va a llegar al territorio”, advirtió el secretario de Seguridad.
Actualmente, las autoridades reportan al menos tres bloqueos en vías estratégicas del Bajo Cauca:
- Sector Jardín de Tamaná, en jurisdicción de Cáceres
- Entrada a Zaragoza
- Vía Zaragoza – Segovia, sector Machuca
En municipios como Caucasia, El Bagre y Cáceres se han registrado saqueos a establecimientos comerciales, quema de llantas, derrumbe de postes de energía y árboles y enfrentamientos constantes con la fuerza pública. En El Bagre, además, se reporta desescolarización total en varias instituciones educativas.
Recompensa por responsables de hechos violentos
El secretario de Seguridad, Luis Eduardo Martínez, aseguró que detrás de los disturbios no estarían mineros artesanales, sino estructuras criminales, como el Clan del Golfo, señalando que estas acciones estarían financiadas para promover bloqueos y ataques.
Las autoridades avanzan en la identificación de los responsables de los hechos violentos. La Gobernación anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita individualizar y judicializar a quienes participan en los disturbios.
En paralelo, se reforzó la presencia de la fuerza pública con el envío de unidades adicionales, motocicletas y apoyo logístico para intentar recuperar el control de las vías y garantizar la movilidad, especialmente de cara a la temporada de Semana Santa.
