Procuradora alerta sobre “deterioro importante” en EPS: múltiples factores agravan crisis financiera

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Mónica Ulloa Ruiz, procuradora para la salud, detalló el informe contundente que ha puesto al descubierto graves irregularidades y negligencia en el sector salud, que culminaron con la lamentable muerte del menor de 7 años, Kevin Acosta, que padeció hemofilia. La Procuraduría General de la Nación concluyó que fallas administrativas de la EPS impidieron la continuidad de su tratamiento y la entrega oportuna de medicamentos esenciales para su supervivencia.

Según el informe, la EPS incurrió en “fallas administrativas muy graves” que obstaculizaron la garantía de la continuidad del tratamiento y la prestación oportuna de los servicios. Específicamente, se señaló que Integral Solutions SD argumentó que no suministró los medicamentos debido a deudas con la Nueva EPS y a la falta de entrega de historias clínicas e información necesaria para la gestión terapéutica. Esta omisión en la entrega del medicamento fue indispensable para la supervivencia del menor.

El caso de Kevin Acosta también resalta las deficiencias en la capacidad resolutiva de los centros hospitalarios regionales. La Procuraduría cuestionó la justificación del traslado aéreo del menor a Bogotá, dado que el departamento del Huila cuenta con una red de atención. Kevin Acosta fue atendido inicialmente en la ESE Camilo Trujillo de Palestina, Huila, y luego trasladado a la IPS de Pitalito, donde se indicó que no contaban con el medicamento ni la capacidad para atenderlo.

Esto llevó a su remisión aérea al Hospital de la Misericordia en Bogotá, donde permaneció en la UCI con una condición médica irreversible hasta el 13 de febrero. La Procuraduría concluyó que la IPS “por insuficiencia de la red” no pudo garantizar la atención del menor.

Posible liquidación de varias EPS en Colombia

En un contexto más amplio, la procuradora abordó la preocupación sobre la posible liquidación de varias EPS, especialmente las intervenidas, que podría afectar a 12 millones de afiliados. Enfatizó que la Procuraduría ha observado, desde el año pasado, un “deterioro importante” de la Nueva EPS. Este deterioro afecta no solo a sus indicadores financieros, sino también a su capacidad de respuesta técnica y administrativa. Esto se refleja en el aumento de PQRs, tutelas e incidentes de desacato.

Añadió que la Procuraduría revisó los indicadores económicos de las EPS intervenidas y no intervenidas, concluyendo que el deterioro es significativo en ambas, debido a múltiples factores. Aunque la entidad es garante del cumplimiento de fallos judiciales, incluyendo los de la Corte Constitucional sobre la suficiencia de la UPC y el pago de presupuestos máximos. También enfatizó la responsabilidad de cada gerente e interventor de EPS en la gestión de riesgos financieros y de salud, así como en la eficiencia en el manejo de recursos.

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