Tribunal deja en firme demanda de la Procuraduría contra convenio de pasaportes con Portugal

Caracol Radio conoció en primicia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme la admisión de la demanda de la Procuraduría General de la Nación contra el convenio entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda de Portugal para producir pasaportes.

Esto significa que fue negado el recurso de la Cancillería y el proceso de nulidad sigue adelante.

Cabe recordar que, en octubre de 2025, la Procuraduría General demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el contrato estatal por 1.3 billones de pesos para la elaboración de los pasaportes y visas en Colombia.

Según el ente de control, dicho contrato vulnera los principios de la contratación pública y presenta varias irregularidades constatadas por el procurador delegado, Marcio Melgosa.

¿Cuáles son los argumentos de la demanda contra el contrato para la expedición de pasaportes?

La Procuraduría General de la Nación asegura que hay una infracción directa con el modelo de contratación que se hizo de forma directa más no por una licitación.

Según argumenta el Ministerio Público, la Cancillería contrató de forma directa a la Imprenta Nacional de Colombia, pese a que no contaba con la capacidad para realizar la totalidad del contrato y eso hizo que tuviera que hacer una alianza con la Casa de la Moneda de Portugal.

Para la Procuraduría, este escenario de subcontratación corresponde a una irregularidad:

• “(…) encuentra esta Procuraduría Delegada que la razón para la suscripción de los convenios interadministrativos entre la Imprenta Nacional (INC) y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, es en realidad la selección de un contratista para que preste el servicio del suministro de suministros, situación por la cual se evidencia una subcontratación de la totalidad del objeto para el cual fue contratada la INC por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que conduce a señalar que debió contratarse a alguien idóneo, en el marco de un proceso competitivo”.

Así, la Procuraduría argumentó que la Cancillería desconoció el estatuto de contratación pública y la pluralidad de oferentes entre los principios de participación, pues la Imprenta Nacional de Colombia no tenía la capacidad de ejecutar el objeto contractual. Por eso, agregó, se debió seleccionar a otro contratista.

Ante las posibles violaciones detectadas por la Procuraduría, señaló que se encuentran las siguientes:

• Falta de planeación adecuada.
• Ausencia de estudios técnicos que justifiquen la necesidad del contrato y el incumplimiento de los requisitos de publicidad.
• Transparencia en el proceso de selección del contratista.

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