Denuncian penalmente a Puerto Pisisí por presunto incumplimiento en distribución de tierras

Antioquia

Familias campesinas reconocidas como víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la Sociedad Portuaria Pisisí S.A., por lo que consideran un incumplimiento reiterado de un acuerdo de compensación integral suscrito en el marco de un proceso de restitución de tierras.

¿De qué va la denuncia?

Según informaron las víctimas y la Fundación Forjando Futuros, que ejerce su representación jurídica, la denuncia fue radicada por los presuntos delitos de estafa agravada y abuso de confianza.

La acción penal fue dirigida contra el representante legal de la sociedad portuaria, Teófilo Lemus, y contra el ciudadano español José María Pernas, socio inversionista del proyecto, hechos que ahora deberán ser evaluados por la Fiscalía.

Las familias denunciantes hacen parte del caso conocido como Reclamantes Casanova, campesinos acreditados como víctimas por hechos ocurridos entre 1991 y 1996 en la vereda Casanova, municipio de Turbo, relacionados con asesinatos de líderes políticos de la Unión Patriótica.

Estos hechos han sido reconocidos por distintas instancias del Estado, entre ellas jueces de restitución de tierras y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Las tierras y el proyecto portuario

De acuerdo con las decisiones judiciales, los predios despojados —que actualmente hacen parte del proyecto Puerto Pisisí— fueron incluidos en el Registro de Tierras Despojadas y, al no ser posible su restitución material, se ordenó una compensación por equivalencia.

No obstante, las víctimas aseguran que la parte de dicha compensación que correspondería a la empresa no se ha cumplido.

Vanderley Quintero, vocero de las víctimas, explicó que la denuncia penal se presentó tras años de reclamaciones sin respuesta.

“Como víctimas del conflicto nos vimos en la necesidad de denunciar penalmente a la sociedad portuaria. Fuimos engañados para llegar a un acuerdo en medio de un proceso de restitución que, a la fecha, no ha sido cumplido”, señaló, al tiempo que aseguró que las familias agotaron las vías de diálogo antes de acudir a la Fiscalía.

Quintero añadió que uno de los firmantes del acuerdo falleció sin haber recibido reparación alguna. “Hoy ya no va a disfrutar ni de la reparación que otorga el Estado ni del acuerdo que la sociedad portuaria ha incumplido.

Por eso hacemos un llamado a que se respete la memoria de las víctimas y los derechos de quienes seguimos esperando”, expresó.

Manifestación de la Fundación Forjando Futuros

Por su parte, Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, explicó que el acuerdo fue suscrito hace seis años entre la empresa promotora del proyecto portuario y las familias reconocidas como víctimas por los jueces de restitución.

Según indicó, el compromiso incluía la entrega de un predio rural de aproximadamente 30 hectáreas, una vivienda y el desarrollo de proyectos productivos, entre otros puntos.

“Han pasado seis años y no se ha cumplido una sola de las obligaciones pactadas por parte de la empresa. Por eso recurrimos a la Fiscalía, para que sea la administración de justicia la que resuelva este caso”, afirmó el abogado, quien insistió en que la denuncia no busca frenar el desarrollo del puerto.

Búsqueda de solución y diálogo

Desde la Fundación Forjando Futuros reiteraron que tanto la organización como las víctimas mantienen su disposición al diálogo y su respaldo al proyecto portuario, siempre que se cumplan los compromisos adquiridos.

“Deseamos que el puerto se haga, pero es indispensable que se le cumpla a las víctimas lo que quedó suscrito”, puntualizó Vega Medina.

Hasta el momento, la Sociedad Portuaria Pisisí S.A. no ha emitido un pronunciamiento público frente a la denuncia. La Fiscalía deberá determinar si existen méritos para avanzar en la investigación y establecer eventuales responsabilidades.