Alertan por propuesta para que operadores postales como Efecty actúen de entidad financiera

La Asociación Colombiana de Empresas de Tecnología e Innovación Financiera (Colombia Fintech) expresó que tiene varias inquietudes e intranquilidad sobre el proyecto de decreto que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) presentó, el cual adiciona un nuevo capítulo al Decreto 1078 de 2015 para regular la presentación de otros servicios postales de pago en Colombia.

Según el gremio, el proyecto busca incorporar tres modalidades definidas por la Unión Postal Universal: Giro de Pago, Giro de Depósito y Transferencia Postal, las cuales permitirían a los usuarios consignar dinero en una cuenta postal para luego transferirlo a un tercero o realizar pagos específicos. Para el gobierno, dichos servicios seguirán siendo considerados servicio público, regulado y vigilado por el Estado, pero bajo el marco normativo del sector postal y no del sistema financiero.

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Actualmente, los operadores postales solo pueden realizar giros de dinero de forma inmediata, es decir, recibir el efectivo y entregarlo en un único pago, sin administrar ni retener los recursos por periodos prolongados. El nuevo decreto introduce la figura de la cuenta postal, un método para enviar y recibir dinero por medio de un “cheque prepagado”, un cambio clave frente al esquema vigente.

Estas cuentas permitirían que el dinero permanezca temporalmente bajo custodia del operador postal hasta que el usuario ordene el giro o la transferencia, aunque el decreto aclara que esos recursos no serán propiedad del operador ni harán parte de su patrimonio.

El proyecto establece que los operadores deberán cumplir una serie de requisitos para acceder a esta medida, tales como presentar planes de gestión de riesgos, mecanismos de garantía (seguros, fiducias o garantías bancarias), controles de monitoreo transaccional y medidas de prevención de lavado de activos.

A pesar de las exigencias del decreto, Colombia Fintech manifestó que le preocupa el alcance del mismo, pues advirtió sobre cuatro riesgos. El primero es la prevención del lavado de activos, ya que los controles propuestos no alcanzarían el nivel de exigencia del sistema financiero, lo que podría darse para actividades ilícitas.

Otro punto crítico es la protección del usuario ya que, a diferencia de los bancos, los operadores postales no estarían obligados a respaldar los recursos con un fondo de garantías como FOGAFIN, lo que podría dejar desprotegidos a los ciudadanos ante fraudes o insolvencias. También se puso lupa en una posible asimetría regulatoria, al permitir que operadores con menores cargas de capital y solvencia compitan con entidades financieras que sí deben cumplir altos requisitos para administrar recursos del público.

Finalmente, el gremio advirtió que el decreto podría dar lugar a sistemas de pago paralelos que todavía no estén a la par con la infraestructura financiera existente, como Bre-B, afectando los avances en interoperabilidad.

Todo el proyecto estaría planeado para el Plan de Desarrollo 2022 - 2026, que plantea modernizar el sector postal mediante tecnologías digitales y aprovechar la presencia territorial para llevar a cabo servicios de pago en zonas rurales y apartadas. Para el Gobierno, puede convertirse en una herramienta clave de inclusión social y reactivación económica. Sin embargo, el debate se centra hasta dónde puede llegar el sector postal sin asumir las mismas reglas que tiene el sistema financiero con vigilancia y protección del usuario.

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Entre tanto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) deberá evaluar si es necesario expedir normas adicionales en materia de protección al usuario, calidad del servicio y contabilidad separada.