Fue demolida una construcción en zona rural de Dosquebradas que ocasionaba un daño ambiental
Al parecer, sería una comunidad indígena la que estaba realizando las intervenciones en un predio con vocación agrícola.
Foto: Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder.
Pereira
Las autoridades de Dosquebradas, en articulación con la Carder, demolieron una construcción indebida levantada por la autodenominada “Comunidad Umbra”, tras evidenciar graves daños ambientales y ocupación irregular en un predio destinado únicamente a suelo rural, esto en el barrio Comuneros.
En este operativo también participaron la Secretaría de Gobierno de Dosquebradas, Control Físico, la Personería Municipal, la Procuraduría General de la Nación y la Policía Metropolitana; este predio estaba siendo degradado y promovido para actividades de comercialización y ocupación indebida por parte de esta comunidad de indígenas que no se encuentra reconocida por el Ministerio del Interior.
Durante la visita técnica, la Carder verificó una serie de pasivos e incumplimientos ambientales previamente advertidos a los ocupantes en mesas de diálogo.
“Tuvimos la oportunidad de asistir a unos predios que venían siendo degradados, sobre los que ya había un interés de comercialización por parte de una comunidad que dice llamarse <comunidad Umbra>. La autoridad ambiental fue a revisar la serie de requerimientos y pasivos ambientales que habían dejado desatender. Previamente en una reunión con la autoridad ambiental, habíamos sido claros que ese tipo de predios no se podrían ocupar con actividades diferentes a las que hoy se realizan, como son actividades agrícolas y de preservación”, afirmó el director de La Carder, Julio César Gómez
Entre las irregularidades encontradas se identificaron:
- Construcciones sin licencia.
- Ausencia de permiso de vertimientos.
- Ausencia de demarcación de cauce.
- Descapote sin permiso ambiental.
- Disposición inadecuada de material sobrante de descapote y excavación.
- Inexistencia de estudio de riesgo por remoción en masa.
Esta suma de infracciones hacía inviable cualquier tipo de asentamiento o proyecto distinto a los usos permitidos y ante la gravedad de los hallazgos, las autoridades correspondientes ordenaron la demolición de una estructura levantada ilegalmente, con el fin de evitar la continuidad de actividades que ponían en riesgo el ecosistema, la seguridad de las personas y el ordenamiento territorial.
