Concejal de Medellín declarará contra Isabel Zuleta ante la Corte Suprema por el tarimazo
Se le acusa a la senadora de abuso de función pública, al solicitar el traslado de once personas privadas de la libertad sin tener competencia legal para hacerlo.
Concejal Andrés Tobón y senadora Isabel Zuleta.
Medellín
La Corte Suprema de Justicia citó al concejal de Medellín, Andrés Tobón Villada, para rendir declaración el próximo 24 de noviembre, en el marco de la investigación que se adelanta contra la senadora Isabel Cristina Zuleta López por su presunta participación en el traslado irregular de varios cabecillas recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí al polémico evento del presidente Gustavo Petro en Medellín, conocido como “tarimazo”.
La diligencia fue convocada tras la denuncia presentada por Tobón ante la Sala de Instrucción de la Corte, en la que acusa a Zuleta de abuso de función pública, al solicitar directamente el traslado de once personas privadas de la libertad sin tener competencia legal para hacerlo.
“Fuimos los primeros en denunciar ese hecho político realizado con criminales de la talla de Tom, de Douglas, de Pesebre, que sacaron de manera irregular de la prisión para traerlos aquí a que acompañaran a Petro a hablar de paz mientras amenazaban a Fico y me amenazaban a mí, de muchos temas supuestamente por saboteadores”, expresó el concejal.
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Detalles
El concejal recordó que este delito contempla penas de prisión entre 16 y 36 meses, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta 80 meses, según el Código Penal. En su denuncia, también señala a los funcionarios del Inpec Rolando Ramírez Sanabria y Luz Adriana Cubillos Soto, a quienes acusa de prevaricato por acción por firmar las resoluciones que habrían permitido las salidas ilegales.
El evento en cuestión, realizado el 21 de junio en la Plazoleta de La Alpujarra, tenía como propósito presentar avances de la Mesa por la Paz Urbana en el Valle de Aburrá y contó con la participación del presidente Gustavo Petro, además de jefes de estructuras criminales de la región. Según las denuncias, estos fueron trasladados sin autorización judicial ni sustento normativo.
Para Tobón, la citación de la Corte representa un avance judicial importante en una denuncia que pone en evidencia cómo el poder estatal habría sido utilizado para dar visibilidad política a cabecillas criminales condenados.
