Diócesis de Pereira fue declarada civilmente responsable por abuso sexual cometido por un cura

Dos años después de que en segunda instancia el Tribunal Superior de Pereira declarara que la Diócesis de Pereira, no era civilmente responsable por los daños causados a un menor de edad, víctima de acceso carnal abusivo por parte de un párroco y docente de matemáticas, caso ocurrido en las instalaciones de un colegio público de la capital de Risaralda; la Corte Constitucional concluyó que sí es responsable, y ordenó a las autoridades eclesiales adoptar protocolos de prevención, protección y denuncia en estos tipos de sucesos.

El caso deriva de la solicitud de apertura de incidente de reparación integral por parte de los familiares de la víctima en el año 2011, proceso en el cual, un año después un juzgado de Pereira, en primera instancia, exoneró de responsabilidad civil a la Diócesis de Pereira y a la Conferencia Episcopal de Colombia, y negó la indemnización a dos miembros de la familia del menor víctima; decisión que 10 años después, fue avalada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Pereira, el cual, advirtió además, que el municipio de Pereira no podía ser vinculado ni declarado responsable en el incidente de reparación integral.

El fallo:

Con este fallo final la Sala Plena ordenó al Tribunal que dicte una sentencia de reemplazo, en la que deberá:

1. Declarar la responsabilidad civil solidaria extracontractual de la Diócesis de Pereira.
2. Tasar el daño moral que corresponde reconocer a los otros dos miembros de la familia vinculados en el proceso (prima y tío del menor).
3. Tasar el monto de la indemnización por daño a la vida de relación que debe ser reconocido al niño víctima.
4. Adoptar los remedios y medidas de reparación simbólica que correspondan conforme al principio de reparación integral.

Por otro lado, le ordenó a la Diócesis de Pereira y a la Conferencia Episcopal de Colombia que remitan al ICBF, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la Nación las denuncias de abuso sexual presuntamente cometidas por miembros de la congregación religiosa de las que tengan conocimiento; y “establezcan normas, mecanismos, procedimientos y protocolos claros para que se garantice el cumplimiento del deber de denuncia en todos los casos en que se sospecha que un párroco o sacerdote incurrió en actos de abuso sexual en contra de un niño, niña o adolescente”.