“Oigan, respeten”: así cuestionó Petro a Human Rights Watch ante comentarios por consulta popular
Petro le respondió a la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, pues ella afirmó que la consulta popular mediante decreto es inconstitucional.
El mandatario colombiano le respondió a través de la red social X a Juanita Goebertus, directora de la ONG Human Rights Watch, insistiendo que la constitucionalidad, o no, es la decisión de una nación y un pueblo soberano, mas no de una organización extranjera.
Esto dijo el mandatario:
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¿Qué dijo Human Rights Watch sobre decreto de la consulta popular?
Por su parte, la Organización Human Rights Watch advirtió que la convocatoria a una consulta popular mediante decreto presidencial, sin contar con el concepto previo favorable del Senado, sería inconstitucional.
“Colombia. La convocatoria a consulta popular vía decreto sin concepto previo favorable del Senado es inconstitucional. Confiamos en el Consejo de Estado, Corte Constitucional y Registraduría, con el fin de que protejan el Estado de derecho. Cuentan con nuestro apoyo”, afirmó Goebertus.
Asimismo, afirmó que el decreto contradice la Constitución, atenta contra el Estado de derecho y que, en el proceso, están en juego obligaciones internacionales de Colombia.
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Decreto de consulta popular 2025: ¿quiénes la han contradecido?
Recordemos que el pronunciamiento se da luego de que el presidente Petro firmara el decreto que convoca oficialmente a una consulta popular para preguntar a la ciudadanía sobre temas sociales y laborales relacionados con las reformas que su gobierno impulsa.
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Además, estas declaraciones contra Human Rights Watch se dan en el marco de las múltiples demandas que se están formalizando ante las Altas Cortes del país. Por ejemplo, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, le solicitó a la Corte Constitucional de Colombia que, “suspenda provisionalmente el Decreto que convoca a la consulta popular anunciada por el presidente Petro”.
De igual forma, la Fundación para el Estado de Derecho demandó el decreto ante el Consejo de Estado. Su argumento se concentra en que no cumple con los requisitos constitucionales y atenta contra la separación de poderes del Estado Colombiano.
Adicionalmente, no solo el decreto ha sido demandado, sino también los ministros que lo firmaron, ya que estaría cometiendo “prevaricato”.
Según el Código Penal es un delito en el que, “el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.
