Se suspendió por segunda vez el desalojo de los habitantes de El Bohío en Dosquebradas

Pereira

En las primeras horas de este martes 13 de febrero siendo aproximadamente las 6 de la mañana inició un nuevo operativo, tras un año exacto del primer intento, con el que pretendían desalojar a cerca de 30 familias del barrio El Bohío en el municipio industrial.

La problemática se remonta la año 2016, cuando los ciudadanos fueron notificados de que su lugar de residencia había sido declarado como zona protegida por lo que no podían permanecer allí, aunque todos viven en el sector desde el año 2000. Sin embargo, en 2021 con una orden de un juez, anunciaron el inminente desalojo que se llevaría a cabo el 9 de febrero de 2023 y que fue suspendido por una tutela que interpuso la comunidad.

Iniciando este 2024 se conoció nuevamente del fallo de un juez en el que ordena el desalojo que iba a ser efectuado con funcionarios de la Secretaría de Gobierno municipal y la Policía, pero el operativo fue suspendido por una nueva tutela de los habitantes, según lo dio a conocer el alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez.

Santiago Castro, habitante de El Bohío y vocero de la comunidad, ha manifestado que el desalojo se debe al interés de unos privados de construir un proyecto de vivienda y no a que estén habitando en una zona protegida.

Relató además que no fueron notificados esta vez del operativo sino hasta el momento que vieron a los uniformados llegar y pedirles desalojar. La tutela con la que se detuvo nuevamente la acción, se puso por la presencia de una bebé recién nacida y las condiciones de salud de su madre.

Las familias regresaron a sus viviendas, muchas de ellas a reconstruir los techos que ya les habían quitado y pese a que el proceso hoy está suspendido, se está a la espera de un nuevo fallo a la acción legal interpuesta.

Los habitantes de El Bohío han solicitado en reiteradas ocasiones una solución habitacional para abandonar sus hogares y no han tenido ninguna respuesta, pues sus viviendas no son asentamientos informales, sino que hacen parte del avalúo catastral del municipio, están construidas completamente, pagan impuesto predial y servicios públicos.