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Ley de sustitución de penas a madres de familia no premia reincidencia: viceministro Umaña

El viceministro de Política Criminal, Camilo Eduardo Umaña, habló sobre la ley que sustituye penas por delitos menores cometidos por madres cabeza de hogar.

Ley de sustitución de penas a madres de familia no premia reincidencia: viceministro Umaña

Ley de sustitución de penas a madres de familia no premia reincidencia: viceministro Umaña

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Mujeres privadas de la libertad en Dosquebradas (Risaralda). Foto: Getty Images.

Recientemente el presidente Gustavo Petro sancionó la ley por medio de la cual se aprueba la sustitución de condenas a madres cabeza de hogar, responsables de hijos menores de edad o con algún tipo de discapacidad.

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Pese a haber sido aprobada en 2021 por el Congreso de la República, el entonces presidente Iván Duque la objetó. Finalmente la Corte Constitucional ratificó la validez y viabilidad de la ley en julio de 2022, permitiendo que esta siguiera su curso a sanción presidencial.

Sobre este tema habló en 6AM Hoy por Hoy Camilo Eduardo Umaña, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Dio detalles sobre los casos en los que esta ley aplica y los escenarios en los que las mujeres beneficiadas podrían perder el beneficio de condena especial.

El viceministro fue claro en asegurar que “la reincidencia no se premia con esta ley”. Por esa razón serán igual de rigurosos con el estudio previo de cada caso y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de las exreclusas al regresar a sus hogares.

Según los lineamientos de esta nueva ley, las mujeres que cumplen condenas intramurales de una duración igual o menor a ocho años tienen la posibilidad de solicitar este beneficio. Esto siempre y cuando sean madres cabeza de hogar o tengan a su cargo hijos con algún tipo de discapacidad.

Las mujeres beneficiadas con esta medida especial de sustitución de condena deben culminar el pago de su pena desarrollando trabajos sociales no remunerados, a modo de voluntariado, que tengan un efecto positivo directo sobre el tejido social afectado por su actuar delictivo.

El tiempo definido para desarrollar este trabajo depende del número de semanas a las que cada madre cabeza de hogar esté condenada.

Por cada semana de medida intramural pendiente, debe realizar cinco horas de trabajo social. Esto también para que puedan ocuparse de manera simultánea con sus responsabilidades de cuidado del hogar, aprovechen para acceder al sistema educativo o para conseguir un empleo.

Según los cálculos del Ministerio de Justicia, la cifra aproximada de reclusas que podrían acceder a ese beneficio alcanza las 5 mil mujeres. “Tenemos 7.888 mujeres condenadas en el sistema penitenciario”, comentó el viceministro.

Explicó además que de esta cifra aproximadamente entre el 35% y el 40% son mujeres condenadas por el delito de microtráfico. Un pequeño porcentaje más cumple condenas por casos de hurto.

Estos son dos de los delitos por los que las madres cabeza de hogar podrían ser eximidas de cumplir condena intramural, según la nueva ley. Sin embargo, el viceministro Umaña no aseguró una cifra exacta de mujeres beneficiadas.

En parte, señaló, porque las condiciones descritas no son las únicas necesarias para acceder a la sustitución de la condena. Explicó que hay otros elementos que ponen en consideración el beneficio. Entre ellos, por ejemplo, el comportamiento durante el tiempo en el que cada mujer ha cumplido con su condena intramural.

Frente al asunto de la reincidencia en el delito, la mujer beneficiada se arriesgará a tener que regresar a un centro penitenciario para cumplir con su condena como lo hacía hasta antes de acogerse a la nueva ley.

Sobre los casos de incumplimientos a los lineamientos de la medida especial, el viceministro de Política Criminal comentó que un juez de conocimiento o el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad (mismo que hace la asignación del beneficio) analizará los incumplimientos de cada caso para definir si es causal de revocatoria del beneficio o no.

Complementario a lo anterior, el texto de la ley dispuso la realización de una alianza entre ministerios para construir y ejecutar proyectos durante los próximos dos años que garanticen la capacitación, formación y empleabilidad de las mujeres reclusas que no se puedan acoger a la ley deban permanecer en los centros penitenciarios.

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