Trece años de prisión a Iván Moreno por ser líder de organización criminal de corrupción

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo condeno por los delitos de concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito de particular, y como determinador de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

Conceden casa por cárcel al exsenador Ivan Moreno Rojas . Foto: Colprensa

Conceden casa por cárcel al exsenador Ivan Moreno Rojas . Foto: Colprensa(Thot)

La Sala de Primera Instancia también lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 166 meses, y lo condenó al pago de una multa de $5.003 millones de pesos, y a otra de 4.211 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así mismo en la sentencia, la sala le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como el beneficio de prisión domiciliaria.

El exsenador también fue condenado al pago de daños y perjuicios por un valor de $20.046 millones de pesos. Los hechos por los cuales fue investigado, juzgado y condenado en primera instancia tienen que ver con el acuerdo ilegal al que llegaron Iván Moreno Rojas, su hermano Samuel Moreno Rojas, algunos contratistas del Distrito Capital (entre ellos Manuel Sánchez Castro, Emilio Tapia Aldana, Héctor Julio Gómez y Álvaro Dávila), congresistas, concejales y otros particulares.

La sentencia señala que este grupo se concertó para recibir apoyo político y/o económico para la campaña que llevó a Samuel Moreno Rojas a la alcaldía de Bogotá, para el periodo 2008-2012, e incrementar de manera injustificada al patrimonio de sus integrantes. Todo esto a través de la manipulación de contratos del Distrito y el pago de comisiones o dádivas por parte de los contratistas.

En cuanto al delito de enriquecimiento ilícito de particulares, la Sala encontró que este se materializó gracias a la efectiva manipulación de los contratos, las cesiones y adiciones. “(…) concluye la Sala que el patrimonio del aforado fue aumentado con una entrada de dinero no declarada, descrita con suficiencia por los testigos aquí citados y respaldada por la prueba documental, recursos que, según se ha reseñado, tienen origen en conductas delictivas contra la administración pública”. La decisión de la Sala Especial de Primera Instancia tuvo un salvamento parcial de voto.

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