Ley permitiría a madres cabeza de hogar condenadas salir de prisión

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el proyecto de ley que busca que las madres cabeza de hogar, que estén privadas de su libertad, puedan sustituir sus penas para pagarlas mediante trabajo comunitario y social, buscando que puedan fortalecer la crianza de sus hijos y no se generen "traumas generacionales".

"Básicamente lo que se establece es que las mujeres condenadas por delitos cuya pena sea igual o inferior a 8 años de prisión, en las cuales se demuestre que la condición del delito esté asociado a condiciones de vulnerabilidad, se les aplicará una medida sustitutiva de servicio de utilidad pública. Esa medida implica la prestación de un servicio no remunerado", aseguró la representante conservadora Adriana Matiz.

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Estos servicios, que se prestarían a favor de instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro, buscan que las mujeres al mismo tiempo puedan cuidar a sus hijos y evitar que ese ciclo de violencia se repita en la siguiente generación, según afirmó la congresista del Partido Verde, Juanita Goebertus.

"Este impacto intergeneracional demanda que garanticemos que sea posible sustituir la pena de las madres cabeza de familia por este tipo de trabajo social/comunitario. El informe realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Universidad Javeriana en 2018, muestra cómo se vienen fracturando las relaciones entre ellas y sus hijos", afirmó Goebertus.

Dicho estudio, citado por la legisladora, sostiene que el 85% de las mujeres entrevistadas son madres; en promedio tienen 2.7 hijos cada una. Además, el 46% cuentan con hijos menores de 11 años y en el 75% de los casos son mujeres cabeza de familia. En total, un 54% de ellas reportó haber sido la cuidadora principal o única de sus hijos.

Siguiendo con el balance de este estudio, para el 79% de las consultadas desmejoró el rendimiento académico de sus hijos, el 38% reportó que ellos tuvieron que empezar a trabajar durante su reclusión. "Pero más grave aún es que el 10% de las madres privadas de la libertad señalaron que sus hijos empezaron a consumir alcohol mientras estaban recluidas, y el 26.5%, que sus hijos empezaron a tener consumos de droga problemáticos", añadió la representante.

En ese mismo sentido, Matiz añadió que "de las 8.198 mujeres que están privadas de la libertad, el 74.9% son madres cabeza de familia. Con esta ley queremos proteger a la familia y a los niños. No solamente es traumática para ellas mismas estar privadas de la libertad, sino que, además, también tiene grandes efectos en la vida de sus hijos".

El proyecto de ley, con esta aprobación, pasará a ser discutido ahora en la Plenaria de la Cámara de Representantes, en último debate. De ser aprobado por los integrantes de la corporación pasará a ser sancionado por el presidente Iván Duque, y podrá consagrarse como una nueva ley de la República.