“Lo último que queremos es presencia de Fuerza Pública en territorio”: Líderes del Chocó
Las comunidades afectadas por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, le piden al Estado presencia institucional permanente
Bogotá
Como crítica se ha catalogado la situación humanitaria qué viven las comunidades en el Chocó. De los 89 eventos de confinamiento registrados en el país en lo que va de este 2023, 70 se han presentado en el Chocó. Durante una audiencia de la Defensoría del Pueblo realizada en Quibdó, en la que Caracol Radio estuvo presente, y según los testimonios recopilados de sus líderes todo el mundo sabe lo que está pasando, pero no hay una acción directa del Estado a favor de las comunidades.
“Todas las comunidades de la zona sur del territorio o están confinadas o desplazadas, porque hay un conflicto interno entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN y esto no ha permitido que la gente tenga la movilidad y cuando ya no aguantan más en el territorio, les toca moverse. Lo último que quisiéramos es que la fuerza pública llegue al territorio por el riesgo que genera”.
Los constantes enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo hace que las comunidades huyan para salvar sus vidas porque su cotidianidad se convirtió, en quedar en medio del fuego cruzado, y las cifras así lo evidencian ya que, de los 59 eventos de desplazamientos masivos forzados, 12 se presentaron en el departamento del Chocó, afectando a 786 familias, unas 1.940 personas.
“El desplazamiento está latente. Hay señalamientos, hay secuestros, tenemos también toda la situación de extorsiones. Se queda uno como pensado cuál es la solución para nuestras comunidades”.
El personero del Alto Baudó, Eriberto Andrade, asegura que lo que pasa en su territorio que tiene unos 28.552 habitantes, se replica todos los días en todo el departamento del Chocó.
“La población constantemente queda en medio del conflicto armado y en medio del fuego cruzado. En ocasiones han muerto muchas personas del Alto Baudó. También tenemos una amenaza latente con las minas antipersonal”.
Ante esta crisis humanitaria las comunidades le piden al Estado presencia institucional permanente, y que se avance con los diálogos con los grupos armados ilegales para poder vivir con alguna tranquilidad, algo que hoy, no tienen, y quieren que las nuevas generaciones no sufran una situación similar.
