Pandemia

Corte ordena mitigar efectos negativos del COVID en la educación

El Gobierno tiene seis meses para complementar políticas públicas que resuelvan esos impactos derivados de la pandemia.

Imagen de referencia. /

A dos semanas de que niños, niñas y adolescentes regresaran a las clases presenciales luego de casi dos años de trabajos virtuales y remotos por cuenta del coronavirus, la Corte Constitucional dictó una sentencia clave para determinar los impactos negativos de la pandemia en la educación y sus soluciones.

El alto tribunal estudió las tutelas de tres madres de menores de edad que planteaban que el Ministerio de Educación y la Secretaría de Bogotá no habían tomado las medidas adecuadas durante la pandemia para garantizar el goce efectivo del derecho a la educación.

Si bien durante el trámite de estas tutelas, se comprobó después que los menores de edad recibieron equipos tecnológicos para continuar con sus clases e iniciaron sus procesos académicos de manera presencial desde enero, la Sala Plena dictó unas órdenes para solucionar la problemática de fondo generada por la pandemia en la educación.

“Así, los posibles problemas colaterales que han surgido del contexto con motivo de la pandemia que aún subsiste y que podrían haber afectado el derecho de acceso, permanencia y calidad de la calidad de los niños, niñas y adolescentes obligan a adoptar una decisión de mérito y la necesidad de que tales problemas sean analizados por las autoridades competentes para que adopten las decisiones complementarias de política pública pertinentes”, señaló la Corte.

Para el tribunal constitucional, hubo afectaciones en los procesos de enseñanza que han incidido en las habilidades y competencias de los estudiantes, lo mismo que efectos físicos, psíquicos y sociológicos.

“De igual forma, el impacto negativo en la salud física que ha tenido en los niños, niñas y adolescentes la mayor exposición a las pantallas al tener que adelantar su proceso académico a distancia, de manera remota o por herramientas virtuales, como lo es, por ejemplo, una disminución en la visión”, detalló la Corte.

Por eso le dio seis meses al Gobierno Nacional y a todas las Secretarías de Educación complementar, actualizar y/o formular e implementar, si aún no lo han hecho, las estrategias que permitan evaluar el impacto que ha tenido la pandemia generada por la COVID-19 en el servicio de educación, en los docentes y en los estudiantes.

Asimismo, ordenó actualizar y mejorar las medidas implementadas hasta la fecha, de manera que “estas permitan reducir la brecha que se amplió con la pandemia en materia educativa, a través de acompañamiento psicológico, nivelación de contenidos, reducción de las cifras de deserción, y focalización de la estrategia de conectividad en las zonas donde habitan niños, niñas y adolescentes en situaciones de mayor vulnerabilidad, entre otros”.

Por último, la Corte, con ponencia del magistrado Jorge Ibáñez, le dio un año al Gobierno para formular una política pública de prevención ante situaciones de pandemia, catástrofes o calamidades públicas.

De acuerdo al ato tribunal, la intención es anticipar las medidas para evitar y resolver problemas excepcionales “que alteran o amenazan alterar el normal funcionamiento de la educación y de esa manera garantizar la efectividad del derecho a la educación cualquiera sea el modelo educativo aplicable en presencialidad, virtualidad o cualquiera otro”.

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