Fiscalía debe reparar a personas que señaló injustamente de guerrilleros
El Consejo de Estado además ordenó emitir un comunicado de esa entidad ofreciendo excusas a las familias.
Imagen de referencia de la Fiscalía General.(Cortesía: Sergio Acero, Colprensa.)
El Consejo de Estado ordenó a la Fiscalía Genaerl pagar una indemnización de 770 millones de pesos a las familias de nueve personas que habían sido capturadas en el año 2004 en los municipios de Gutiérrez, Une y Nazareth (Cundinamarca).
El Ejército Nacional los había presentado a la opinión pública como los presuntos miembros del frente 51 de las extintas FARC con un material de guerra que ni siquiera se les incautó.
Las nueve personas recuperaron su libertad 19 días después de haber sido detenidos, pues no se les decretó medida de aseguramiento porque había contradicciones en los testigos que presentó la Fiscalía. Finalmente, en abril del 2005 se precluyó la investigación a favor de los procesados.
Según los demandantes, la Fiscalía basó su detención en un informe de inteligencia que contenía datos equivocados y testimonios poco creíbles.
En un principio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de las víctimas porque precisó que las decisiones de dicha entidad dentro de la investigación de este supuesto caso de rebelión estuvieron ajustadas a las exigencias legales de la época.
Sin embargo, el Consejo de Estado revocó esa decisión, porque el actuar de la Fiscalía ocasionó un rompimiento legítimo de las cargas públicas que debe soportar cada ciudadano, generando a “los aquí demandantes un daño anormal, especial y grave, dado que, al no poderse desvirtuar su presunción de inocencia, no existe ningún título jurídico que pueda justificar, de manera definitiva, la privación provisional de su libertad”.
Además, el Consejo de Estado ordenó a la Fiscalía emitir un comunicado en el que les ofrezcan excusas a estas personas por el daño ocasionado. Las víctimas decidirán si quieren que el contenido del texto se haga público.
