Fútbol

Superintendencia

Pliego de cargos a la Dimayor y 16 clubes de fútbol profesional

Contra la decisión de abrir investigación de la Delegatura para la Protección de la Competencia, no procede ningún recurso

Superintendencia de Industria

Superintendencia de Industria (Colprensa)

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliegos de cargos en contra la Dimayor y 16 clubes de fútbol profesional colombiano, por presuntos actos anticompetitivos en el mercado del fútbol.

"Esos actos se habrían dado con ocasión del mercado de los derechos deportivos de los jugadores de fútbol profesional, en el territorio nacional entre el año 2018 y 2021", explicó el superviniente de Industria, Andrés Barreto González.

“Así se formula pliego de cargos no solamente en contra la Dimayor, sino también de 16 clubes profesional por haber restringido por lo menos, los pases de 16 jugadores entre los años 2018 y 2021", agregó.

Barreto González, dijo que la Superintendencia ha formulado pliego de cargos en contra de 20 personas naturales vinculadas con estas posibles prácticas restrictivas.

"El caso llegó a esta Superintendencia con motivo de una queja presentada por la Asociación Colombiana de fútbol, ACOLFUTPRO, representado por el abogado Jairo Rubio Escobar y de acuerdo con el caso, 10 de los clubes investigados habrían enviado comunicaciones a otros clubes con el fin de impedir la transacción de los derechos deportivos de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y lo corrido del 2021", manifestó el Superintendente.

Adicionalmente, esta Superintendencia encontró comunicaciones en donde más de 10 clubes manifestaban su aprobación frente a esta práctica y habían generado un listo vetando jugadores de fútbol constituyendo, así una lista negra.

El superintendente de Industria, Andrés Barreto González, dijo que la División Mayor de Fútbol también falló en haber investigado estas conductas al interior de su comisión disciplinaria.

Por su parte, Barreto dijo que de encontrar responsable a los investigados, podrán acarrear sanciones hasta de (1000,000 SMLMV) por cada conducta infringida y (2.000 SMLMV).

Contra la decisión de abrir investigación de la Delegatura para la Protección de la Competencia, no procede ningún recurso. 

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