Corrupción política

Chuzadas DAS: Consejo de Estado anuló destitución contra Mario Aranguren

El alto tribunal determinó que la sanción de la Procuraduría no se ajustaba a derecho.

Mario Aranguren, ex director de la UIAF. /

En el año 2010, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 18 años a Mario Aranguren, entonces director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, por haber participado en el escándalo de las chuzadas, planeadas por miembros del Departamento Administrativo de la Presidencia y el extinto DAS.

El Ministerio Público había tomado la decisión por una reunión en la Casa de Nariño, en la cual funcionarios de la UIAF entregaron información confidencial a Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez.

Aranguren solicitó al Consejo de Estado declarar nulas estas decisiones, argumentando, primero, que se le señaló de haber incurrido en intromisiones en la vida de personas, cuando esa conducta no estaba en el pliego de cargos.

Y segundo, que, en este caso, él se limitó a adelantar inteligencia financiera sobre Ascencio Reyes y sus supuestos nexos con el narcotráfico, quien había puesto a disposición de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2006 un vuelo chárter para un viaje a Neiva.

El Consejo de Estado determinó que la sanción disciplinaria no se ajustó a derecho, aunque negó el derecho a reintegro y al pago de salarios y prestaciones que dejó de percibir Aranguren desde el momento de la sanción.

El tribunal concluyó que la solicitud que en su momento le hizo el secretario Moreno a Aranguren estaba dentro de las competencias legales de ambos funcionarios y que la Procuraduría interpretó equivocadamente las entidades que pueden ser receptoras de información de inteligencia.

A juicio del Consejo de Estado, “no se afectó el principio de congruencia, al haber investigado y juzgado disciplinariamente al exdirector de la Uiaf por dar órdenes a subalternos para que suministraran información no autorizada a entidades que tampoco lo eran”.

Eso sí, la alta corte dio validez a la condena penal en 2018 del Tribunal Superior de Bogotá a 11 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir y prevaricato por acción, pues tras entregar la información participó de un entramado de desprestigio contra quienes fueron al paseo de Neiva.

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