¿Disidencias armadas se expanden también por Ecuador y Perú?
La Fuerza Naval del Sur mantiene controles permanentes para bloquear al narcotráfico en una frontera extensa y compleja.
Esta semana, en el departamento peruano de Loreto, en una zona conocida como Laguna Pacora, integrantes de la Marina de Guerra del Perú encontraron cuatro campamentos con 15 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca.
Adicionalmente, incautaron cinco armas de fuego entre pistolas y escopetas, una embarcación con un motor 40HP, un deslizador con motor 75HP, un radio ICOM y medio kilo de pasta base de coca. Fueron capturadas dos personas que habrían sido encargadas de cuidar el sitio.
Por otro lado, en la provincia de Sucumbíos, Ecuador, fue destruido un centro de entrenamiento ilegal abandonado para albergar a cerca de 40 personas. Al parecer, a ese lugar llegaban menores de edad de la región que habían sido reclutados forzadamente para adoctrinarlos en contra de su voluntad.
Al interior del lugar, las autoridades ecuatorianas encontraron material de guerra como ametralladoras, munición, artefactos explosivos improvisados, detonadores eléctricos, equipos de comunicaciones, material de intendencia, medicinas, enseres, entre otros.
Según la inteligencia de la Armada de Colombia, los campamentos y laboratorios hallados en los países vecinos pertenecerían, presuntamente, a la disidencia de las extintas FARC denominada ‘Comando de Frontera’, que mantiene una guerra por las rutas del narcotráfico con la ‘Carolina Ramírez’ en la Amazonía colombiana.
A diferencia de Venezuela, en donde según el Gobierno Nacional el régimen de Nicolás Maduro alberga a alias ‘Iván Márquez’ y ‘El Paisa’ de la autodenominada ‘Segunda Marquetalia’, Colombia sí tiene unos acuerdos binacionales con Perú, Ecuador y Brasil que permiten ejecutar operaciones conjuntas contra esos grupos armados.
De hecho, por información de la Armada Nacional, fue que las autoridades ecuatorianas y peruanas propinaron esos golpes militares contra las disidencias armadas que pretenden tener control de la frontera sur.
“En el río Putumayo es difícil hacer operaciones militares por parte de un solo país. Si no hay una coordinación, pues los delincuentes cruzan la frontera y quedan libres en Perú o en Ecuador. De ahí la importancia de estos acuerdos entre las tres Armadas”, dijo a Caracol Radio el contralmirante Harry Reyna, comandante de la Fuerza Naval del Sur de la Armada Nacional.
El contralmirante Reyna no considera que estos grupos armados se estén expandiendo en esos países, aunque reconoció que es muy complejo cubrir una frontera tan extensa y boscosa, en donde Perú y Ecuador no mantienen tantas tropas por una dinámica militar distinta a la colombiana.
“Se les facilita mucho a estas estructuras transnacionales dedicadas al narcotráfico pasar su retaguardia a esos países. Por eso tenemos que hacer un trabajo muy de la mano”, señaló.
Los ríos son las principales rutas para el tráfico de estupefacientes en la frontera sur. Para llegar a Ecuador, por ejemplo, las disidencias armadas de la parte alta de Putumayo y Caquetá transportan la pasta base de coca por el río San Miguel y ya en ese país contarían con cristalizaderos donde terminan de procesar la cocaína para sacarla finalmente por el Pacífico.
En cuanto a la marihuana, que proviene principalmente del Cauca, se mueve por el río Putumayo hacia Leticia para ser distribuida en Perú y Brasil. La Fuerza Naval del Sur cuenta con 2.364 uniformados desplegados en toda la Amazonía colombiana, de los cuales 161 están en cinco puntos de control fronterizo para bloquear el paso de narcóticos en la región.
Este año, la Armada Nacional ha capturado cinco jefes de las disidencias ‘Comandos de Frontera’, ‘Carolina Ramírez’ y ‘Jorge Briceño’, al igual que 118 de sus integrantes, durante los patrullajes fluviales dinámicos.
El contralmirante Reyna indicó que en Ecuador y Perú estarían los principales cabecillas de la disidencia ‘Comandos de Frontera’ como alias ‘Marrano’, ‘Braket’ y ‘Pitufo’, responsables de varios crímenes contra la población civil y del narcotráfico de la zona.
Explicó que cuando estos delincuentes son detenidos en los países vecinos, deben responder ante esas autoridades extranjeras y someterse a sus jurisdicciones, mientras que el Gobierno Nacional estudiaría la posibilidad de solicitarlos en extradición para que respondan por los delitos que cometieron en Colombia.