Tumban, provisionalmente, la asistencia militar durante el paro
El Consejo de Estado determinó que hay abusos de autoridad y muertes atribuibles a la Fuerza Pública.
Imagen de referencia(Cortesía: archivo, Colprensa)
En el Día Internacional del Trabajo, el presidente Iván Duque le anunciaba al país el máximo despliegue en las calles de las Fuerzas Militares ante la violencia y bloqueos que se habían reportado en los primeros días del paro nacional, principalmente en el Valle.
Dijo que no era una militarización, sino un acompañamiento a la Policía Nacional durante las jornadas de protesta y mantener el orden público en el país. Pues el Consejo de Estado tumbó este viernes, de manera provisional, esa figura de asistencia militar mientras la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo decide si el Decreto 575 del 2021 es legal o no.
Amparó la tutela que presentó un grupo de ciudadanos de Cali, que denunciaban abusos de autoridad, la utilización ilegal de armas de fuego, “el uso arbitrario de mecanismos químicos de dispersión de manifestaciones, la utilización arbitraria de mecanismos policiales para detener a manifestantes, la violencia sexual, y agresiones e incluso disparos por parte de la Fuerza Pública contra la Misión de la ONU Derechos Humanos en Colombia y contra organizaciones de defensa de Derechos Humanos”, señala el tribunal.
En el expediente que reposa en la Sección Cuarta de ese tribunal, hay “informes sobre 15 muertes que fueron resultado de hechos de violencia registrados en las protestas, tres de las cuales resultaron atribuibles a la Fuerza Pública”.
Es así que concedió el amparo del derecho a la vida y a la integridad personal de los demandantes y demás manifestantes, al encontrarlos amenazados por el uso excesivo de la fuerza.
Además, encontró que ese decreto amenaza el derecho a la protesta social porque, según dijo, “los hechos que se mencionan como perturbadores del orden público tienen que ver con disturbios internos, con seguridad ciudadana, con la protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional por mandato constitucional, mas no de las Fuerzas Militares”, señaló.
Incluso, determinó que los abusos y excesos de fuerza desconocen los estándares internacionales, que no protegen el derecho a la protesta social y ordenó al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional acatar los protocolos.
