Denuncian sistematicidad e impunidad en crímenes contra líderes sociales

Una investigación de nueve organizaciones sociales documentó 213 asesinatos contra defensores y líderes sociales y 42 a excombatientes de las Farc, entre noviembre de 2016 y junio de 2020, en las regiones del norte del Cauca, Urabá antioqueño, Bajo Cauca antioqueño, Bajo Atrato chocoano y sur de Córdoba.

Según el informe, se demostraría una posible sistematicidad al evidenciar que las víctimas tienen relación con liderazgos en las Juntas de Acción Comunal, en resguardos indígenas, en movimientos campesinos o en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y que en todos los casos se repite el mismo hecho violatorio de derechos humanos.

Otro factor que generó preocupación para los investigadores de las organizaciones sociales, es que, según las entrevistas realizadas a la comunidad afectada, la fuerza pública conocía de estas denuncias de amenazas e intimidaciones y no hicieron nada. De hecho, llamó la atención que los hechos violentos ocurran en zonas altamente militarizadas.

Por otro lado, Luz Adriana Camargo, ex magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que durante el proceso de investigación encontraron dificultades para acceder a información de la Fiscalía General sobre los crímenes y su juzgamiento.

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Aseguró que, de los 255 casos de asesinatos, solo se encontró actividad judicial de 52. Incluso, denunció que había desinformación y manipulación de las cifras por parte la Fiscalía, al decir que solo hay capturados o imputados por asesinatos de líderes sociales, cuando en realidad, según los hallazgos del estudio, son procesados por delitos diferentes como porte de ilegal de armas o tráfico de estupefacientes.

Andrea Becerra, coordinadora del área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, además señaló que los principales determinadores de asesinatos contra los defensores de derechos humanos son, en este orden, el Clan del Golfo, Los Caparros y las disidencias armadas de las extintas Farc.

Señala la investigación, realizada por la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Programa Somos Defensores, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la Comisión Colombiana de Juristas con el apoyo de Protección Internacional, Oxfam y Diakonia, indica que el 90 por ciento de los asesinatos ocurrieron en zonas afectadas por el conflicto armado y la falta de presencia estatal y el 80% de los crímenes se presentaron en zonas con presencia de cultivos ilícitos desde 2016.