El pedido del ICBF y congresistas para aprobar ley contra el Castigo Físico

Durante el Foro Nacional para la socialización del proyecto que busca prohibir el castigo físico a menores en el país, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Consejería para la Niñez del Gobierno, congresistas y colectivos se unieron en la solicitud al propio Congreso, para que en la legislatura que está por iniciar apruebe esta iniciativa.

"Lo que propone este proyecto es una transformación cultural. Se ha vuelto normal para los seres humanos que las relaciones se basen no en la confianza, el amor o respeto por el otro, sino en la violencia. Esta ley no vulnera la autoridad de los padres, sino que va a fortalecer la relación y confianza entre padres e hijos", aseguró el representante liberal Julián Peinado.

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En esa misma línea se manifestó durante el foro la directora del ICBF, Lina María Arbeláez, señalando que "estamos ante una gran oportunidad como país, para empezar a reconfigurar el hogar como un hogar protector y no agresor. La violencia contra ellos afecta no sólo su integridad, dignidad, sino que también les trunca sueños y vulnera la inocencia y autoestima. Se generan miedos, ansiedad y agresividad".

Además, advirtió la funcionaria que "en el 2020, en el ICBF registramos 81.376 solicitudes de restablecimiento de derechos por violencia física, psicológica o negligencia, de los cuales se abrieron 13.269 procesos administrativos de restablecimiento de derechos, 2.482 específicamente por violencia física. El 23% de estos casos fueron contra niños entre los 0 y 5 años. 27% entre los 6 y 11. Y el 40% entre menores de 12 a 17 años".

Por su parte, la consejera presidencial por la Niñez Carolina Salgado manifestó que "las políticas que se están planteando se sustentan en evidencia, en estudios, en la cuantificación que se ha hecho tanto en el daño emocional y en los daños físicos que generan este tipo de castigos".

A su vez, el delegado de la organización Save The Children, Felipe Cortés, explicó que "la mitad de los países de América Latina han incluido esta prohibición en sus ordenamientos, como es el caso de Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua, Perú, Paraguay y Argentina".

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Ahora bien, un punto en el que insistieron los participantes sobre este proyecto al que le resta un debate (en Plenaria de Senado) para convertirse en Ley, es que "no genera un riesgo para los padres. Es una prohibición que no significa que a los padres los vayan a meter a la cárcel por haberle pegado una palmada al niño o que les van a quitar la patria potestad", dijo la senadora Paloma Valencia.

Consiste en un proceso de transformación, que requerirá de tiempo y apoyo del Estado hacia los padres de familia y/o parientes educadores para poderse implementar de manera adecuada en los hogares colombianos, coincidieron durante el foro.