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JEP pide al Gobierno medidas urgentes para proteger a más de 9.000 exFarc

Se advierte sobre la desarticulación entre entidades del Gobierno para cumplir con esa misión. Ya son más de 250 los excombatientes asesinados

Jurisdicción Especial para la Paz /

La Jurisdicción Especial para la Paz, ordenó a los ministerios de Defensa y del Interior, al Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, al Consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, a la Fiscalía y otras entidades, adoptar de manera urgente las medidas para evitar el asesinato de excombatientes de las Farc.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento del tribunal de paz, dice que lo que hace el Gobierno Nacional, no es suficiente ya que a la fecha más de 250 excombatientes han sido asesinados.

Para la JEP La muerte de cada compareciente priva a las víctimas de materializar sus derechos a la verdad plena, y saber el lugar donde se encuentran los restos de sus seres queridos.

Dentro de las órdenes que emitió la Justicia Especial están:

Que el Ministerio de Defensa apoyara a la Fiscalía General para que pueda avanzar con las investigaciones judiciales en las zonas donde no se le ha permitido trabajar porque son de alto riesgo en materia de seguridad.

Requirió al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, para que al término de 15 días envíe a la JEP los lineamientos y el plan de acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales.

A la Defensoría del Pueblo, entre otras cosas, deberá fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas.

El Ministerio del Interior deberá implementar indicadores de seguimiento a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas para la Reacción Rápida, y mejorar su respuesta institucional frente a las situaciones de riesgo que le sean advertidas.

La Unidad Nacional de Protección, deberá ejecutar la totalidad de medidas para la protección de la vida de los excombatientes.

Al Consejo Superior de la Judicatura informar mensualmente sobre los procesos que reposan en sus bases de datos relacionados contra delitos cometidos contra los excombatientes después del primero de diciembre de 2016.

Según la JEP lo que está fallando según sus estudios es:

En la Defensoría del Pueblo, no se ha establecido una dependencia que coordine de manera general los temas de garantías de derechos de los excombatientes.

Hay un bajo nivel en el acatamiento de las recomendaciones que hace la entidad al Ministerio del Interior, pero tampoco hay acciones judiciales o disciplinarias interpuestas ante las autoridades que busquen asegurar el cumplimiento de las competencias de las entidades del Gobierno en materia de protección de excombatientes.

Hay una total desarticulación por parte de las autoridades competentes para proteger e investigar los asesinatos.

Este tribunal le recuerda al Gobierno, que ellos deben acatar y cumplir las medidas de protección porque son órdenes con carácter judicial.

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