Fiscalía tendrá que pedir perdón a condenados por Masacre de La Chinita

Caracol Radio conoció la condena del Consejo de Estado en la que declara responsable a la Fiscalía y a la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de los condenados por la masacre La Chinita en 1994, matanza cometida en Apartadó.

Inicialmente fueron condenadas 21 personas a penas de 50 y 55 años por esta masacre, la Corte Suprema de Justicia había declarado la nulidad del proceso y la Fiscalía declaró la preclusión a favor de los involucrados, de los cuales había aproximadamente 50 detenidos, que incluían alcaldes y gobernadores.

Manifestaron que el 22 de julio de 1997, el Juzgado Regional de Medellín profirió sentencia condenatoria en contra de los demandantes, imponiéndoles la pena principal de 50 años de prisión por los delitos de concurso homogéneo de homicidio consumado y tentados, ambos agravados, en concurso heterogéneo con el delito de rebelión.

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A través de sentencia del 29 de septiembre de 1998, el Tribunal Nacional confirmó el fallo proferido en primera instancia en contra de los demandantes, a pesar de que carecía de elementos de convicción.

Finalmente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia de segunda instancia y declaró la nulidad de todo lo actuado dentro de la investigación penal, incluyendo los dos fallos condenatorios. De acuerdo con esa decisión, los funcionarios encargados de tramitar la investigación y el juicio actuaron con violación del debido proceso de los demandantes, sin imparcialidad.

Manifestaron que la investigación fue reasignada a la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Fiscales Delegados ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín, Fiscalía Veinte Especializada, la cual, mediante resolución del 31 de enero de 2006, precluyó la investigación a favor de todos los procesados, por considerar que no cometieron los delitos imputados.

El Consejo de Estado en un fallo reciente declara responsable a la Fiscalía por privar injustamente de la libertad a Francisco Eluber Calvo Sánchez, y ordena indemnizar con un monto de (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por perjuicios morales.

Además, condenó a pagarle 100 salarios mínimos legales a Sergio Andrés Calvo Borja, Erika Yesenia Calvo Benítez, Yenni Sobeida Calvo Borja, John Alexander Calvo Borja, Ferney Alonso Calvo Borja, Yuris Shirley Calvo Borja y María Idalid Sánchez Viuda de Calvo (hijos y madre), también condenados injustamente, entre otros implicados a quienes les deberá pagar 50 salarios mínimos.

Los condenados habían manifestado que, la Fiscalía General de la Nación profirió la resolución que resolvió la situación jurídica de los capturados imponiéndose medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación. En algunos casos, dicho ente les concedió libertad provisional por vencimiento de términos; sin embargo, no pudieron acceder a ella, porque la caución impuesta era elevada.

La corte también le ordena a la Fiscalía una disculpa pública a nombre del Estado colombiano frente a cada víctima directa del daño, en el sentido de precisar que ninguna de ellas participó de los hechos de la masacre en el barrio La Chinita, en Apartadó, Antioquia.

El abogado Ramiro Orjuela miembro del colectivo 'Orlando FALS Borda', celebró la sentencia del Consejo de Estado , sin embargo señaló algunos reparos con la indemnización a los afectados: "Tenemos una gran inconformidad porque borró de tajo toda la jurisprudencia anterior, en cuanto al reconocimiento de perjuicios materiales como lo son, el lucro cesante, para el Consejo de Estado, estas personas eran todas vagas y no trabajaban". Señaló que interpondrán una tutela de inconformidad por el monto indemnizado.