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"Reglamento del uso de la fuerza no modifica actuaciones de la Policía"

Nueve organizaciones sociales y de DD.HH. indicaron que el Gobierno desestimó la posibilidad de revisar las directrices de la Policía.

Organizaciones sociales y DD.HH. manifestaron reparos al decreto que reglamenta el uso de la fuerza pública en marchas. /

En un comunicado conjunto, nueve organizaciones de Derechos Humanos manifestaron cinco preocupaciones sobre el nuevo reglamento para el uso de la fuerza pública en las manifestaciones sociales que, según indican, no garantiza que no se repitan abusos de autoridad en esas jornadas.

Recordaron que, en nombre de las víctimas de la brutalidad policial en el paro nacional del 2019, se interpuso una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales a la protesta, vida e integridad personal.

Explicaron que la Corte Suprema de Justicia profirió un fallo en el que ordenó al presidente Iván Duque convocar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en manifestaciones y expedir un “Estatuto de Uso, Reacción y Verificación de la Fuerza”.

Sin embargo, según cuentan estas nueve organizaciones como De Justicia y la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, “varios puntos de gran importancia no fueron tenidos en cuenta para una adecuada y efectiva reglamentación que limite la actuación policial y evite excesos en su labor de atención a manifestaciones públicas”.

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Según dicen estas organizaciones, a lo largo de las discusiones en la mesa de trabajo, el Gobierno desestimó cualquier posibilidad de revisar las directrices de uso de la fuerza vigentes con fines de reestructuración.

Indicaron que tampoco quedó establecida la posibilidad de que la ciudadanía y organismos externos a la Policía revisen las fichas académicas que sirven para la formación y capacitación de los uniformados.

Por otro lado, revelaron que no se llegó a un consenso sobre la necesidad de una regulación sobre el papel de las Fuerzas Militares de manera previa y posterior al desarrollo de manifestaciones.

De igual manera, encontraron obstáculos para la inclusión del respeto a la misión periodística, y a la labor de documentación en los casos específicos donde se presentan focos de violencia.

Por último, rechazaron que el Gobierno Nacional se opusiera a la inclusión de criterios para limitar la realización de capturas, traslados por protección y traslado para procedimiento policivo durante el desarrollo de las protestas.

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