Detención domiciliaria para los agentes del caso ‘Ñeñe’

El juzgado 62 de garantías concedió la detención domiciliaria al mayor de la Policía Jefferson Tocarruncho y al intendente Wadith Velásquez, procesados por presuntamente chuzar de manera ilegal a cinco de sus compañeros, a quienes, según la Fiscalía, espiaron aprovechando el proceso del 'Ñeñe' Hernández.

"(...) pues una medida de estas, en su sitio de residencia, es mucho más acorde y con esa dignidad y máxime cuando resulta suficiente" determinó el juez.

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El juez consideró que hay varias pruebas que incriminan a los investigadores, entre estas, seis informes de la misma DIJIN que los advirtieron de los actos ilegales en los que estaban incurriendo, incluso superiores de los uniformados advirtieron del presunto ilícito. A eso se suma, las declaraciones del analista de las interceptaciones, los policías víctimas y la fiscal que en su momento estuvo al frente del caso Ñeñe, por el homicidio de Óscar Rodríguez, hijo de alias 'El Sastre'.

Dijo el juez, que el mayor Tocarruncho, y el intendente Velásquez, se habrían aprovechado de la confianza que les brindó la fiscal Jenny Ladino para ordenar la interceptación irregular de los compañeros.

Sobre el presunto complot para incriminarlos, el juez dijo que hay pruebas que indicarían que hay un presunto plan desde las organizaciones criminales que debe investigarse, sin embargo, para este proceso, no hay prueba alguna que indique que el fiscal del caso u otra autoridad haya recibido coima para ejercer supuestas presiones indebidas.

Caracol Radio, supo que los dos agentes, no solo son investigados por presunto espionaje. En la Fiscalía hay otras líneas de investigación contra el mayor Tocarruncho y el intendente Velásquez, a quienes se investiga por presunta extorsión.

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Una de esas líneas de investigación busca determinar una presunta alianza del Mayor Tocarruncho con un abogado conocido como Iván Otero, que ha asesorado a paramilitares y según fuentes de la Fiscalía, habrían iniciado un accionar delictivo consistente en extorsionar a investigados y acusados, cobrando sumas de dinero superiores a los 100 millones de pesos a cada uno, para no vincularlos en los casos.