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Menos de 30 personas están en la cárcel por casos de aborto

Por ahora, seguirá el debate en la Corte Constitucional

Menos de 30 personas están en la cárcel por casos de aborto

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Más allá del debate que se ha reabierto por el estudio que hace la Corte Constitucional sobre si se despenaliza o no el aborto en el país, es muy baja la cifra de personas condenadas o procesadas por ese delito, como hoy se le sigue tipificando en el país.

Según constató Caracol Radio en cárceles hay 28 personas vinculadas a algún caso por aborto: aborto voluntario, aborto sin consentimiento y por parto o aborto preterintencional, que es un agravante cuando la mujer tiene consecuencias nocivas para la salud producto de esa práctica, tanto que la pena puede ser aumentada en una tercera parte.

De acuerdo con el Código Penal una persona que realice un aborto puede pagar una condena que va desde un año hasta 4 años y medio de prisión, pero cuando la mujer a la que se le práctica la interrupción de su embarazo es menor de 14 años (delito tipificado como aborto sin consentimiento) se puede establecer una pena de entre 5 y hasta 15 años de prisión.

Según datos del Inpec, por realizar esa práctica a mujeres menores de edad hay 17 hombres en las cárceles. 12 de ellos ya tienen condena por algún juez y los otros 5 están en algún proceso judicial. Hay que decir que otros dos hombres se encuentran en su casa, uno pagando una condena y el otro siendo procesado por aborto.

Además, hay otras 7 personas condenadas por realizar un aborto siendo mayores de edad y solo una es mujer. En total son 10 los que están en prisión por un aborto voluntario, pero tres de ellos tienen una medida de aseguramiento, que los obliga a estar en una cárcel, mientras avanza su proceso ante un juez. Hay que decir que la primera condena por un aborto se dio en el año 2000, cuando la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le impuso a una mujer 12 meses de prisión por abortar el 14 de febrero de 1997.

Actualmente el aborto está permitido cuando el embarazo sea producto de una violación o si pone en riesgo la vida de la madre o si el feto tiene malformaciones.

Según juristas el bajo número de casos podría explicarse en que la mayoría se dan en la clandestinidad y no hay quien los denuncie, por eso algunos sectores consideran que debe despenalizarse y regularse.

El magistrado Alejandro Linares, quien lleva el caso, estaría contemplando que se despenalice la práctica para las primeras 12 semanas de gestación, pues argumenta que el derecho de la madre prima sobre el del feto. Además, incluirÍa en su ponencia que esta practica sea prestada de manera gratuita por las EPS.

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