Las Pruebas Saber Pro deben adecuarse para evaluar a niños en condición de discapacidad

Al resolver el caso de 103 niños y niñas en condición de discapacidad que se vieron afectados por la decisión de la Secretaria de Educación de Cartagena de negar la contratación a la Corporación de Educación Especial y Formal Mente Activa donde ellos ingresarían, la Corte Constitucional se pronunció sobre las Pruebas Saber Pro.

La razón por la cual la Secretaría negó la contratación de esa institución privada fue que, en los resultados de estas pruebas, no logró superar el percentil 35 en lenguaje y matemáticas y esto evita que ingrese al Banco de Oferentes para la contratación.

Lo que expresó la institución es que no cumplió el requisito porque “el 100% de sus estudiantes tienen discapacidad” y ya, que no hay criterios de valoración diferenciales para ellos, calificó el sistema como “injusto”.

Al respecto, el Alto Tribunal dijo que este tipo de pruebas puede ser discriminatoria, pues aunque se basa en estándares universales, deben tener en cuenta las diversas capacidades de los estudiantes en el país.

“En su caso se dejan de constatar los niveles de calidades individuales, institucionales y regionales, con lo que en últimas descuida el deber de vigilancia de los procesos educativos, en relación con la población en condición de discapacidad”, se lee en la sentencia.