Orden Público

Alejandro Ordóñez propuso 10 puntos para un diálogo nacional

Aseguró que se debe garantizar los derechos de las víctimas, y no premiarse a los victimarios

Alejandro Ordóñez propuso 10 puntos para un diálogo nacional

Alejandro Ordóñez propuso 10 puntos para un diálogo nacional(Colprensa)

A través de una carta enviada a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, el exprocurador Alejandro Ordoñez planteó diez puntos para poder iniciar un diálogo entre el Gobierno y los partidarios del ‘No’ respecto al acuerdo suscrito entre el primer mandatario y los máximos cabecillas de las FARC. 

Indicó que se debe garantizar “un diálogo rápido, expedito, efectivo e ininterrumpido entre el Gobierno y los que respaldamos el ‘No’”.

Agregó el exjefe del Ministerio Público que el presidente Santos debe aclarar "¿Usted y su gobierno apoyan la posición de las FARC según la cual el Acuerdo Final ya está vigente y obliga al Estado colombiano? Es indispensable conocer su posición para saber en qué estamos”.

Aseguró que “el Gobierno debe sacar conclusiones de lo sucedido. Se requiere transparencia y no jugar con las cartas marcadas, señor presidente Santos”.

“La alta abstención y la victoria del ‘No’ ponen de manifiesto que un nuevo acuerdo debe ser de cara al país y no un convenio cerrado entre la élite de las FARC y la élite representada en el Gobierno”, expresó.

Ordoñez Maldonado le expresó a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana que "Quienes lideramos el ‘No’ debemos tener una posición común que facilite el diálogo con el Gobierno y la negociación con la sociedad colombiana”.

Afirmó que “la guerrilla debe comprender que la sociedad colombiana quiere la paz, pero la paz con una sociedad unida, no dividida. Todos debemos comprometernos en alcanzar la concordia nacional”.

Los 10 mojones que propone Alejandro Ordóñez Maldonado son los siguientes:

1. Respetar la decisión del pueblo colombiano frente al Acuerdo Final votado en el plebiscito. Dicho acuerdo no se puede cumplir y es inejecutable.

2. Reconocer que en Colombia no hay amigos y enemigos de la paz. Todos los colombianos queremos la paz y debemos trabajar juntos para alcanzarla. Pasemos de la polarización al trabajo compartido respetando la diferencia.

3. Este debe ser un diálogo entre quienes estamos en el marco de la Constitución y tiene como propósito conseguir un Acuerdo Final con las FARC ajustado al mandato dado el pasado 2 de octubre por el pueblo: las razones del ‘No’.

4. Antes que renegociar cualquier cosa con las FARC debe haber una negociación con la sociedad colombiana. Pongámonos primero de acuerdo quienes estamos dentro de la institucionalidad.

5. No existen inamovibles en el contenido del Acuerdo Final suscrito entre Santos y “Timochenko”. Todo, hasta una coma puede ser revisada o modificada.

6. Quien tiene la facultad exclusiva de llegar a un Acuerdo con las FARC es el presidente de la República, pero en este momento, teniendo en cuenta el mandato popular, dicha facultad debe ser ejercida para llegar un Acuerdo Final que recoja las preocupaciones de la mayoría expresada en las urnas.

7. Con el fin de asegurar la efectividad del mecanismo de diálogo entre el Gobierno y los voceros del ‘No’, es importante designar países con regímenes democráticos que realicen acompañamiento neutral y sirvan de garantes con objetividad y transparencia. Es una garantía de la seriedad de las conversaciones y del cumplimiento de su resultado.

8. Mantener el cese bilateral de hostilidades con las FARC hasta tanto se alcance un acuerdo en el corto plazo y no existan amenazas a la seguridad y a los derechos de los colombianos. En ese marco, garantizar plenamente la seguridad a los miembros de esa organización armada ilegal.

9. Mientras se consigue el consenso nacional, no se deben afectar de ningún modo la implementación de los planes y programas sociales necesarios en los territorios para avanzar en la construcción de estado de derecho y paz.

10. El Gobierno tiene que fortalecer la persecución del delito. El proceso de paz no puede seguir siendo una excusa para que el Estado debilite la lucha contra el crimen.

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