Consejo de Estado expresó su preocupación por alto número de casos de falsos positivos

Dos meses tiene el Gobierno para crear un plan de inteligencia militar con el fin de lograr un control estructural respecto de la incorporación, permanencia y funciones de los miembros del Ejército Nacional para evitar que se continúen cometiendo falsos positivos.

Señaló el Consejo de Estado que es preocupante el número de casos en los cuales miembros de la Fuerza Pública encubren, bajo la apariencia de muertos en combate, los homicidios que se presentan bajo diversas circunstancias.

Este pronunciamiento lo hizo la corporación judicial al ordenar al Ministerio de Defensa pagar más de $1.300 millones a la familia de un hombre que murió durante la denominada “masacre de Cajamarca”, en 2003, en Tolima.

La víctima fue presentada como miembro de las Farc por parte de uniformados del Ejército, pero en la investigación se demostró que la víctima no hacia parte del grupo subversivo, por lo que los militares fueron condenados por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial.

Para el alto tribunal este tipo de hechos demuestran que existe una falla sistemática que ha permitido graves violaciones a los derechos humanos.

“A esto se le suma la ausencia de un riguroso control dentro de la institución militar, tanto en el proceso de incorporación a la institución, como en la permanencia y en el funcionamiento o ejercicio de funciones por parte de los miembros de la Fuerza Pública, falencias que debilitan la institución militar y que dificultan su adecuado accionar en pos de cumplir con el cometido que le es propio; de paso, se pierde legitimidad y se compromete la estabilidad misma del Estado y de la sociedad”, indica el fallo.