Procuraduría dará prioridad a investigaciones por irregularidades en programas de alimentación escolar

En diálogo con Caracol Radio la procuradora delegada para la Infancia y la Adolescencia, Ilva Myriam Hoyos, aseguró que el procurador General, Alejandro Ordóñez, ordenó dar celeridad a las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por las irregularidades que se han presentado en el programa de alimentación escolar.

"La procuraduría está adelantando investigaciones disciplinarias no solo por lo denunciado por la Contraloría, el Procurador General ha dado instrucciones específicas y concretas a los procuradores regionales y delegados que una manera rigurosa se dé prioridad porque el país está exigiendo responsables en relación con los problemas del programa de alimentación escolar" expresó.

Señaló Hoyos que el "programa está en crisis, es una crisis que afecta a los niños, especialmente a los más vulnerables que están en el sistema educativo, es una crisis que se ha generado por causas diversas".

Aseguró "en virtud de la ley que aprobó el Gobierno Santos en el año 2011 se dispuso que el programa de alimentación escolar debía pasar del Icbf al Ministerio de Educación con el objetivo de alcanzar la cobertura universal ¿Cuál es la cobertura universal? La cobertura universal son los niños que están en el sistema educativo de colegios públicos, que tendría competencias tales como la orientación, la ejecución y la articulación del programa para poderse prestar la alimentación escolar".

Sin embargo señaló que "no siempre se le da a los niños el 50% porque a unos niños se les da el desayuno, a otros se les da el almuerzo, y a unos no se les da ni el desayuno ni el almuerzo".

Indicó que la crisis de este programa gubernamental se dio porque "faltó planeación en el transito del Icbf al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación recibe el programa sin tener la infraestructura, ni la capacitación ni los funcionarios que puedan ejecutar directamente el programa, contrata con los operadores que venían manejando el programa en el Icbf, operadores que se distribuían por todo el país sin tener el conocimiento específico de la región".

"Los recursos que se transfieren del Ministerio de Educación a las entidades territoriales resultan insuficientes, esa desfinanciación está afectando el programa" señaló.

Para ello cuestionó que el programa no mira al niño beneficiario, "sino que se acentúa más en la noción ración, entonces hoy en día es más difícil saber cuántos niños se benefician de la alimentación escolar porque se nos informa es cuantas raciones se reciben que no es lo mismo, un niño puede recibir dos raciones, una ración o no puede recibir ración alguna".

"Se hace una focalización, niños en estratos 1 y 2, Sisben, niños en situación de vulnerabilidad víctimas, indígenas, pero el desorden administrativo, la multiplicidad de modalidades de contratación, la desfinanciación, el no tener en cuenta los recursos necesarios para la formalización de las manipuladoras" expresó.

Lamentó el hecho de que hoy en día "hay muchos niños en el país que no están recibiendo alimentación escolar por todo este desorden que ha implicado la crisis del programa".

Tales ciudades son Casanare, Cartagena, Santa Marta, Piedecuesta, Córdoba, Ibagué, Bucaramanga, Guaviare, Villavicencio, " que no han suscrito o están para suscribir contratos o abrir licitaciones en relación con la alimentación escolar".

Finalmente solicitó que se adopte una política integral de alimentación escolar que tenga en cuenta el enfoque de derechos y que asegure el derecho a la alimentación y la educación en el que hagan presencia los ministerios de Educación, Salud, Agricultura, Hacienda y el Icbf.