Procurador abre investigación a Mindefensa por desmilitarización de Conejo
Pide aclarar si la guerrilla armada usó un colegio para hacer proselitismo, lo cual, afirma, viola la Constitución y el DIH.
(Colprensa)
El procurador Alejandro Ordóñez abrió investigación disciplinaria contra el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, al comandante general de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, comandante general del Ejército, general Alberto José Mejía Ferrero, comandante de Primera División, general Jorge Enrique Navarrete Jadet, comandante de Décima Brigada Blindada, general Pablo Alfonso Bonilla Vásquez, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No.2 ‘Cr. Juan José Rendón’, T.C. Iván Orlando Gonzalez Villamil y comandante del Batallón de Artillería de Campaña No. 10 ‘Santa Bárbara’, T.C. William Alfonso Chávez Vargas.
El Ministerio Público tomó la decisión a raíz de la presencia de las Farc en el corregimiento de Conejo municipio de Fonseca, La Guajira, el pasado 18 de febrero.
Ordoñez Maldonado argumentó que se investigarán presuntas faltas disciplinarias para establecer si las Fuerzas Militares y de Policía se retiraron o no hicieron presencia física durante el tiempo que estuvo la guerrilla de las Farc en el corregimiento Conejo, lo cual podría constituir una violación a la Ley 418 de 1997 que en el parágrafo 1º del artículo 8º prescribe que “en ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional.”
Y para determinar si las Fuerzas Militares y de Policía dejaron desprotegida a la población civil del corregimiento Conejo del municipio de Fonseca en el departamento de La Guajira e indefensa en manos de las Farc.
Esta investigación deberá determinar, entre otras cosas, si con dicha desprotección se permitió el uso por parte del grupo guerrillero de un establecimiento educativo, con estudiantes del Conejo, configurándose una presunta infracción al derecho internacional humanitario y una violación a la Constitución Política que impone a las autoridades proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes.
