Procurador ordenó investigaciones disciplinarias por crisis en la salud

El procurador general, Alejandro Ordóñez, ordenó a sus procuradores delegados que “inicien procesos disciplinarios contra los funcionarios de las Eps públicas que hayan omitido el pago correspondiente”, agudizando así la crisis del sector salud que se encuentra en condiciones dramáticas.

Para el jefe del Ministerio Público, si bien es cierto existen decisiones por parte de la Superintendencia de Salud, las conductas que va a verificar la Procuraduría buscan por una parte sancionar de manera ejemplarizante a los servidores de las Eps públicas y privadas que no disponen el pago de sus obligaciones, a pesar de haber conciliado y contar con el recurso correspondiente.

Con respecto a la situación del Hospital Universitario del Valle del Cauca, el procurador anunció que antes de tres meses habrá decisiones frente a ocho investigaciones que llevan las delegadas de contratación y de vigilancia administrativa por quejas recibidas directamente por el jefe del Ministerio Público durante su visita a Cali en el mes de agosto, y que dan cuenta de situaciones que se vienen presentando en este centro asistencial.

Al respecto indicó que la Procuraduría dentro de sus competencias preventivas realizará una próxima mesa de trabajo el 9 de diciembre de esta anualidad.

Insistió en que desde el año 2010 la Procuraduría ha venido promoviendo la ley de punto final en materia de salud para evitar un colapso en el Sistema General de Seguridad Social en Salud puesto que es necesario separar las cuentas de las deudas antiguas, para que no se afecte el flujo corriente que es uno de los cuellos de botella más sensibles en este momento.

Finalmente, y a propósito de la liquidación de Saludcoop y la próxima de Caprecom señaló que las liquidaciones se rigen por las normas del sistema financiero y la graduación de acreencias del código civil, lo cual no garantiza un pronto pago, es decir que esta situación se puede incrementar, uno, dos o tres años, lo cual, sería el hueco negro, no del sistema de salud, sino de la institucionalidad, porque la dosis de credibilidad y de confianza resultarían terriblemente afectadas.

Así las cosas, si estas liquidaciones se rigen por las normas antes señaladas “(…) y eso no garantiza un pronto pago a los prestadores, entonces es inevitable diseñar un modelo distinto para garantizar el pronto pago, así sea de forma transitoria”, puntualizó el jefe del Ministerio Público.