El papá del Niño

Hasta hace un mes, el país estaba notificado de la necesidad de ahorrar agua y energía ante el déficit de lluvias causado por la intensidad del fenómeno del Niño. Lo que nadie sabía, salvo el gobierno y sus técnicos del Ministerio de Minas, es que los colombianos deberían pagar más por las tarifas de energía a partir de diciembre.

Recién pasadas las elecciones, en medio de los análisis de quién ganó y quién perdió, el gobierno anunció el aumento de tarifas a partir de diciembre, que van desde $400 en el estrato 1 hasta $2.900 en el estrato 6. Ese es el costo que deberán asumir los usuarios para que no haya un apagón como el del año 1992. El gobierno ha explicado que es la manera de garantizar que la caída de la generación, ante falta de agua de las hidroeléctricas, sea atendida oportunamente por las cinco termoeléctricas más grandes del país que, por cuenta de tener que pagar un combustible más caro que el gas –que está escaso-- podrían tener pérdidas de hasta más de 3 billones y en consecuencia no podrían operar.

Alrededor de la decisión de encarecer el servicio para atender la emergencia, hay una serie de preguntas que el gobierno tendrá que explicar. La primera, y es la que se hace todo el mundo, es por qué se debe cubrir con alzas de tarifas las pérdidas de una empresas que también son de particulares y que han recibido en los últimos años al menos 14 billones de pesos por cuenta de una especie de seguro que está incluido en la factura mensual, llamado cargo de confianza. Nadie ha explicado dónde está esa plata, cómo fue invertida y qué auditoría tuvo. Algunos dicen que parte de eso está invertida en papeles.

Colombia pareció haber aprendido mal la lección del apagón de 1992. Hoy tenemos más hidroeléctricas, generamos más, y hay nuevas termoeléctricas, pero vive bajo la amenaza del racionamiento. Desde la década pasada se sabía de los problemas en el suministro de gas a partir del próximo año, pero los colombianos no han recibido una explicación clara de las medidas que se tomaron para evitar que un Niño fuerte pusiera en jaque al sistema nacional que se suponía tenía el respaldo suficiente en las termo.

El sector de servicios públicos es el que mejor institucionalidad tiene, con instancias que regulan y vigilan como la Superintendencia de Servicios y las comisiones de regulación y los mismos ministerios, pero en el caso del sector energía parece funcionar menos armónicamente. La Superintendencia de servicios sigue tan politizada como en el gobierno anterior y en el Ministerio ha habido un promedio de un ministro por año. Ninguno de los dos ha tomado decisiones de fondo ante problemas graves como el deficiente servicio de Electricaribe.

El ministro Tomás González sabe del tema y ha tomado el manejo del problema con responsabilidad, pero le tocó la parte más aburrida de la situación como tratar de justificar las alzas cuando la gente cree que pagó por anticipado el costo de la crisis o justificar el comportamiento de unos agentes del sistema que pareciera no haber hecho bien la tarea.