Consejo de Estado pide investigar a las Farc por desplazamiento

Colombia

Al encontrar que la guerrillera de las Farc violó normas del Derecho Internacional Humanitario, el Consejo de Estado compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a ese grupo ilegal por el delito de desplazamiento forzado.

Se trata del caso un ciudadano del municipio de Mesetas (Meta) quien habría sido desplazado de tres predios de su propiedad durante la zona de distensión que se estableció al sur del país como parte de las conversaciones de paz que se iniciaron con las Farc en 1998.

Según la víctima, en diciembre de 1999 hombres armados ingresaron a sus predios y hurtaron ganado y otros enseres, luego de recibir amenazas constantes para que se cancelara la denominada “vacuna”. Por tal motivo, se vio obligado a abandonar sus tierras.

Explica la corporación que aunque no se logró establecer el número exacto de las cabezas de ganado perdidas y de los bienes muebles, si se probó que con la puesta en marcha de la llamada “zona de despeje” se configuró un daño al demandante que se concretó en la imposibilidad de continuar ejerciendo su derecho de posesión sobre los predios ubicados en el municipio de Mesetas (Meta), debido a las amenazas por parte de las FARC.

“La Sala ha considerado que en aquellos casos en los que se verifique una actuación legítima por parte de una autoridad administrativa, pero que con cuya ocasión se haya generado… un daño antijurídico, se ve comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado”, indica la sentencia.

Agrega el fallo que, teniendo en cuenta que en Colombia existe un conflicto armado, es deber de las partes respetar las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, dentro de los que se encuentran los principios de distinción y de protección (llamado también de humanidad o inmunidad) en atención a los cuales se encuentran prohibidos los desplazamientos forzados a la población civil.

Finalmente, la Sala le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la realización de un informe especial relativo a las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se hubieran podido cometer con ocasión de la zona de distensión y se efectúen, por parte de ese organismo, las recomendaciones y se ordenen las medidas a las cuales haya lugar.