Santos se la juega por restitución de tierras pese a críticas

Opiniones divididas ha generado la Ley planteada por el Gobierno de Juan Manuel Santos sobre la restitución de tierras y reparación de víctimas del conflicto armado colombiano

Algunos consideran que no se puede luchar en contra de la ‘mano oscura’ que atenta incluso con los líderes de los reclamantes, pero hay quienes aseguran que el presidente Santos ha emprendido un programa que acabará con el desplazamiento y se le devolverá a cada campesino las hectáreas correspondientes para sacar adelante a su familia

La Ley comenzó a funcionar desde el primero de enero del presente año, y plantea devolver cerca de dos millones de hectáreas que han sido despojadas de sus verdaderos dueños. El ministro de Agricultura, quien encabeza la iniciativa, asegura que “este es un proceso propio de una etapa post-conflicto, pero que Colombia puso en marcha cuando el conflicto como tal no ha terminado", y es por esto que ha generado amenazas en la sociedad

Por su parte, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura anunció este sábado que se crearon nuevos 22 jueces y 15 magistrados, dedicados a la restitución de tierras, con lo que se pretende dar inicio a la labor de judicialización de procesos en el marco de la ley de víctimas

La Sala advirtió que existe preocupación frente a la existencia del denominado grupo armado ‘Antirestitución’, ya que la actividad para los jueces se torna peligrosa pese a haber dispuesto un operativo de seguridad

Se anunció también que la nueva Unidad de Protección, la Policía Nacional y el propio Consejo Superior ya han dispuesto las medidas para proteger a los jueces

En cuanto al costo de los nuevos jueces, reveló la Judicatura que es de 38 mil millones de pesos

Los magistrados estarán ubicados en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta. Los juzgados en su conjunto estarán ubicados en las ciudades de Apartadó, Caucasia, Barrancabermeja, Cali, Carmen de Bolívar, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Mocoa, Montería, Tumaco, Popayán, Quibdó, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar y Villavicencio. Igualmente se creó un juez itinerante para el caso de Antioquia.